¡Escándalo! García-Page entregará la máxima distinción de Castilla-La Mancha a un condenado por cohecho

La Medalla de Oro de Castilla-La Mancha está llamada a distinguir trayectorias ejemplares. A reconocer a quienes representan lo mejor de la región. A proyectar unos valores que merecen ser admirados por el conjunto de la sociedad. Precisamente por eso resulta tan controvertida la decisión anunciada por Emiliano García-Page.

El presidente castellano-manchego ha avanzado que el Gobierno regional concederá en 2027 la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha a Eusebio Ramírez González-Ortega, presidente de Tecnove. Lo ha hecho en un acto público en el que ha elogiado sus raíces, su compromiso con Herencia y su contribución al desarrollo económico de la comunidad autónoma.

Pero hay un dato imposible de obviar: Ramírez fue condenado por un delito de cohecho en una sentencia que consideró probado el soborno a mandos militares para obtener ventajas en concursos públicos relacionados con el Ministerio de Defensa y que fue ratificada en el Tribunal Supremo.

La investigación de la Guardia Civil, apoyada en pinchazos telefónicos autorizados judicialmente, seguimientos e interceptación de mensajes SMS, permitió acreditar dichas prácticas.

La sentencia consideró probado que Ramírez regaló a uno de los mandos militares un reloj Hublot valorado en 2.870 euros. Además, uno de los tenientes coroneles, destinado en Afganistán, facilitó a Ramírez información sobre concursos que el Ministerio de Defensa iba a convocar en la base de Qala-e-Now para servicios de mantenimiento, peluquería, limpieza y gestión del gimnasio.

Según la resolución judicial, esa información permitió a la empresa adjudicarse dos de esos concursos. Pese a ello, Tecnove ha continuado contratando con distintas administraciones públicas y mantiene una importante relación comercial con el Estado. Entre las adjudicaciones recibidas figura un contrato de Adif de casi 20 millones de euros para la compra y mantenimiento de ocho grúas, además de diversos contratos con organismos dependientes del Ministerio de Defensa y de los distintos ejércitos en los últimos años.

Finalmente, Eusebio Ramírez González-Ortega, fue condenado a una pena de dos meses de multa en los que debía pagar 10 euros diarios y a una inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.

Por eso la decisión de García-Page trasciende el simple reconocimiento empresarial. La cuestión no es si Tecnove ha generado empleo, ha crecido o ha contribuido a la economía regional. La cuestión es si una persona condenada por cohecho debe recibir la máxima distinción institucional que puede otorgar Castilla-La Mancha.

La respuesta de muchos ciudadanos probablemente será tan sencilla como incómoda para el Gobierno regional, porque las medallas públicas no son premios empresariales. Son reconocimientos morales e institucionales. Expresan aquello que una administración considera digno de admiración y de ejemplo. 

Durante años, el discurso político de García-Page ha insistido en la necesidad de combatir la corrupción, reforzar la ejemplaridad pública y exigir responsabilidades a quienes incumplen las reglas; como hace cada vez que puede contra su jefe, Pedro Sánchez.

Sin embargo, ahora es el propio Ejecutivo autonómico quien decide homenajear a una persona cuya trayectoria también está marcada por una condena por cohecho. El mensaje que se transmite es devastador.

Cerca de 36 contratos públicos posteriores a 2018

La polémica se intensifica además porque Tecnove ha seguido obteniendo contratos públicos después de aquella condena en 2018. Se conocen al menos 36 contratos por un valor de cerca de 30 millones de euros sólo de la Administración del Estado. Esto implica que la empresa ha continuado su actividad a pesar de las consecuencias legales, lo que vuelve a dejar en evidencia al Gobierno de Emiliano García-Page y al Ejecutivo nacional dirigido por Pedro Sánchez.

Según los datos del Registro Mercantil las administraciones autonómicas le han otorgado más de ocho millones de euros en contratos públicos, mientras que los ayuntamientos le han adjudicado más de dos millones.

Caras muy conocidas del PSOE

La figura de Tecnove también ha estado rodeada de controversia política por sus vínculos con destacados cargos socialistas. El expresidente de Castilla-La Mancha y exministro de Defensa José Bono habría adquirido desde 2019 cinco viviendas en el casco histórico de Toledo a través de dos sociedades de consultoría e intermediación, Tojsama 14 SL y Joasa 2012 SL. Ambas mercantiles estarían vinculadas a Tecnove y compartirían domicilio fiscal con la compañía.

A raíz de estas revelaciones, el PP de Castilla-La Mancha en 2021 reclamó "explicaciones urgentes" a los dirigentes socialistas de la región. Los populares sostuvieron que las informaciones conocidas reforzaban las dudas sobre la relación entre la empresa y destacados dirigentes vinculados históricamente al PSOE.

Otro de los nombres asociados a Tecnove es el de Francisco Pardo Piqueras, actual director general de la Policía. Pardo se incorporó en 2012 como vicepresidente de la compañía tras haber ocupado la Secretaría de Estado de Defensa, el número dos del ministerio durante la etapa en la que José Bono estuvo al frente del departamento.

Según publicó Okdiario en 2021, durante el periodo comprendido entre 2004 y 2007 Tecnove recibió hasta 28 contratos del Ministerio de Defensa por valor de 50 millones de euros. Tras su paso por la empresa, Pardo regresó a la primera línea institucional con la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, siendo nombrado director general de la Policía.