El TSJ de Castilla y León revisa el recurso del condenado por asesinar a su pareja y a la hija de esta en Valladolid

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) celebra este martes, 6 de mayo, la vista del recurso interpuesto por la defensa de David M.L., condenado por el asesinato de su pareja sentimental, Paloma P., y de la hija de esta, India, de solo ocho años. El crimen, que conmocionó a la ciudad de Valladolid, tuvo lugar la madrugada del 23 de enero de 2023 en el domicilio familiar situado en el Paseo de Zorrilla.

El jurado popular dictó el pasado 19 de diciembre un veredicto de culpabilidad unánime, al considerar probado que David actuó con alevosía, ensañamiento y motivado por razones de género. Fue condenado por la Audiencia Provincial de Valladolid a 25 años de prisión por el asesinato de Paloma, con las agravantes de parentesco y género, y a prisión permanente revisable por el asesinato de India, agravado también por el parentesco.

La brutalidad del doble crimen marcó el proceso judicial, especialmente tras los detalles revelados en el juicio: David asestó hasta 27 puñaladas a Paloma en la cocina tras una discusión cuyo origen no se ha esclarecido, y posteriormente mató a la niña, que había intentado llamar al 112, con cinco cuchilladas, la primera de ellas atravesándole el cráneo.

El acusado trató de alegar un estado de inconsciencia causado, supuestamente, por la ingesta de fentanilo, pero tanto los informes forenses como los testimonios policiales y médicos descartaron esta posibilidad, concluyendo que David era plenamente consciente de sus actos.

La defensa recurrió la sentencia, solicitando penas mínimas al considerar que se trataba de homicidios y no asesinatos, y rechazando las agravantes de género y ensañamiento. El recurso será examinado ahora por el TSJCyL, que deberá confirmar o modificar el fallo inicial.

Además de las penas de prisión, la sentencia incluye medidas de alejamiento y prohibición de comunicación con los familiares de las víctimas, así como indemnizaciones económicas que ascienden a más de 300.000 euros. El caso, seguido con gran repercusión pública, ha sido también objeto de atención por parte de asociaciones como Clara Campoamor, que ejerció la acusación popular en el proceso.