Julio Iglesias contrataca con fuerza: pruebas de soborno a exempleadas por el presunto instigador

El caso de las supuestas agresiones sexuales que pesan sobre Julio Iglesias por parte de dos antiguas empleadas promete convertirse en una larga batalla judicial y mediática. Tras el archivo fulminante de la denuncia por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que dictaminó que los tribunales españoles carecen de competencia al no existir vínculos relevantes con España, el mítico cantante ha pasado al contraataque con determinación para limpiar su imagen y exigir responsabilidades a quienes considera responsables de una campaña de descrédito.

Julio Iglesias no se conforma con el archivo: ha contratado una agencia especializada en gestión de crisis de imagen en España y ha solicitado formalmente a la Fiscalía toda la documentación relativa a la denuncia y a las denunciantes para iniciar las acciones legales que estime oportunas. Según publica Okdiario, el artista y su abogado, el prestigioso José Antonio Choclán, manejan ya pruebas contundentes que demostrarían que alguien ofreció dinero a varias de sus exempleadas a cambio de que lo acusaran públicamente de abusos y vejaciones. Entre el material probatorio figuran mensajes de texto, grabaciones y testigos directos de los hechos.

El objetivo del intérprete va más allá de querellarse contra las dos mujeres que, según su versión, aceptaron dañar su honor y dignidad a cambio de una compensación económica: busca identificar y llevar ante la justicia al presunto instigador que las "contrató" para urdir semejante operación.

La denuncia original fue presentada el 5 de enero por dos extrabajadoras, una empleada doméstica y una fisioterapeuta, con el respaldo de la ONG Women's Link Worldwide. Las mujeres aseguraban haber sufrido abusos sexuales en las residencias del cantante en Bahamas y Punta Cana durante 2021, además de un clima de humillaciones constantes, aislamiento, prohibición de relacionarse con otros empleados, salir de la propiedad o disfrutar de días libres. Acusaciones que Julio Iglesias ha negado de forma tajante desde el primer momento.

La Audiencia Provincial abrió diligencias preliminares, pero la Fiscalía optó rápidamente por el archivo al concluir que ninguno de los implicados reside en España ni los hechos ocurrieron en territorio nacional. Las denunciantes reaccionaron con indignación y anunciaron que continuarán su lucha hasta conseguir que el artista responda ante un juez.

Con el respaldo de evidencias que, según su entorno, desmontan el relato de las exempleadas , incluidos mensajes cariñosos posteriores al supuesto periodo de abusos, Julio Iglesias se muestra dispuesto a ir hasta el final para demostrar que se trata de una denuncia falsa y reparar el daño irreparable que, en sus propias palabras, ha sufrido su reputación. El pulso judicial y mediático apenas comienza.