Elisa Beni defiende al etarra que secuestró a Revilla y protege a Puigdemont

Se pasea por los platós de televisión como una gloria del derecho, pero en realidad es un etarra condenado por secuestro que ahora defiende, además, al enemigo número uno de España, el independentista fugado Carles Puigdemont.

Se llama Gonzalo Boye, estuvo seis años en la cárcel por secuestrar al empresario Emiliano Revilla a finales de los 80, en uno de los golpes más sonados de ETA. Y ahora se va a llevar el mayor palo económico de su vida.

Y es que el hombre de Puigdemont en los juzgados deberá indemnizar al empresario Emiliano Revilla, por cuyo secuestro por parte de ETA, que tuvo lugar en 1988, fue condenado a pena de prisión y a una responsabilidad civil solidaria con el resto de acusados de 200 millones de pesetas (1,2 millones de euros).

Así lo establece la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en un auto en el que ordena ejecutar la responsabilidad civil del que ahora es abogado de Carles Puigdemont y Quim Torra, al rechazar que ésta haya prescrito.

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Por eso, y a pesar de contar con el pronunciamiento en contra de la Fiscalía, el tribunal ordena hacer efectivos los embargos que ya se acordaron en su día y "profundizar en la investigación patrimonial" del abogado.

Boye fue condenado en 1996 como autor responsable de un delito de detención ilegal a la pena de 14 años y 8 meses de cárcel, de los que cumplió seis. Un año antes de obtener la libertad condicional había comunicado que abonaría de forma fraccionada el pago de la indemnización, a razón de 5.000 pesetas mensuales.

En 2008, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) presentó un escrito en el que informaba de que no se había satisfecho la responsabilidad civil y pedía hacer la investigación patrimonial, ordenada después por la Fiscalía.

Reactivado el caso

Así, una vez que el abogado de Revilla pidió en 2018 reactivar el embargo, la Audiencia Nacional considera que el periodo de prescripción comienza de nuevo en ese momento, de modo que decreta que la responsabilidad civil sigue vigente y ordena investigar el patrimonio de Boye, "con la práctica, en su caso, del requerimiento y los apercibimientos" que resulten necesarios.

Boye, salvo sorpresa de última hora, deberá dedicar buena parte de sus jugosos ingresos a satisfacer una deuda pendiente. De momento no ha reaccionado de manera directa, pero sí ha difundido un artículo de Elisa Beni en su defensa, con párrafos como éste: "Boye pagó su pena y salió de prisión y hubo un momento en que su responsabilidad civil quedó prescrita, entre otras cosas porque la víctima nunca la reclamó".