Los impagos asfixian a las residencias y sus gestores en la Comunitat

La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) ha lanzado un serio aviso sobre la situación crítica que atraviesan algunas empresas que gestionan residencias públicas de mayores a través de contratos con la administración autonómica: no han cobrado ni una sola factura en todo 2025, y aún acumulan impagos del ejercicio anterior.

Esta falta de liquidez está comprometiendo el pago de nóminas y otros gastos esenciales, y amenaza con provocar la suspensión de servicios fundamentales para la atención a personas mayores en centros públicos. Según AERTE, la situación afecta a empresas cuyos contratos están vencidos y no fueron renovados durante la anterior legislatura, lo que les obliga a operar sin respaldo contractual y depender de los lentos y complejos expedientes de resarcimiento. 

AERTE explica que estos pagos extraordinarios no pueden ejecutarse hasta que no sean aprobados por el Consell y contabilizados por la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda. Hasta entonces, no se libera ni un euro. Y hay más: si estos expedientes no se gestionan con máxima urgencia, podrían quedar fuera del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), cuya financiación reclama la Generalitat, lo que haría aún más difícil el acceso a los fondos necesarios.

Diálogo con la Generalitat, pero se piden soluciones ya

Desde AERTE valoran la actitud dialogante de la vicepresidenta y consellera Susana Camarero y la reciente publicación del primer concurso para adjudicar cuatro residencias públicas, que consideran un paso importante para regularizar la situación. Sin embargo, advierten de que la situación es tan delicada que requiere medidas urgentes e inmediatas. Pero, ¿Qué pide AERTE? Tramitación urgente de los expedientes de resarcimiento; Anticipos de tesorería; Vías extraordinarias de pago; Medidas que aseguren la continuidad del servicio y el mantenimiento de los empleos.

La asociación recuerda que su compromiso con la colaboración institucional es total, pero insiste en que la gravedad de la situación exige actuar con urgencia para evitar que la atención a los mayores se vea seriamente comprometida.

Camarero afirma expedientes de enriquecimientos injustos correctos están tramitados y aprobados por Consell

La consellera, Susana Camarero, en un comunicado, ha afirmado que las únicas facturas de los denominados enriquecimientos injustos (aquellas que se realizan en base a contratos caducados) que no se están pagando son aquellas relativas a los expedientes que incluyen gastos e incrementos no contemplados en el contrato adjudicado por el Botànic.

"La Sindicatura de Cuentas ha indicado que determinados gastos no están respaldados por el contrato que realizó el Botànic y es por ello que esos expedientes se han devuelto a las empresas para tramitar con arreglo al marco legal que lo sustenta. En el momento en que estén correctos, se tramitarán y pagarán", afirmaban fuentes cercanas a la responsable del área.

Según el equipo de la vicepresidenta, todos los expedientes de enriquecimientos injustos correctos están tramitados, aprobados por Consell y por intervención y pagados en cerca del 90%.

Las empresas han mantenido reuniones en los últimos días con responsables de la Conselleria, que les han trasladado el trabajo que se está realizando para que puedan cobrar lo antes posible y los pasos que deben seguir para ajustarse a la normativa y avanzar en los pagos que todavía no se han podido tramitar.