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El PP recula y no acepta la repatriación de inmigrantes ni la prioridad nacional que pedía Vox

El PP modifica el paquete de medidas antiinmigración pactado con Vox y finalmente se limita a promover un retorno voluntario a los países de origen y a sacar los centros de menores fuera de los núcleos urbanos

Pleno de Les Corts Valencianes

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Sonia García
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Las políticas migratorias son los cimientos que sustentan la relación entre PP y Vox. Y en la Comunidad Valenciana los dos socios han sacado adelante un paquete de medidas tras una negociación marcada por el tira y afloja y las cesiones en la que los 'populares' han presentado una enmienda in extremis que deja fuera cuestiones como la repatriación de inmigrantes ilegales o el criterio de la prioridad nacional para el acceso a las ayudas públicas. 

La iniciativa presentada por Vox era inicialmente más ambiciosa con respecto a lo que finalmente se ha aprobado en Les Corts Valencianes. Los de Santiago Abascal pedían, entre otras cosas, que la repatriación de forma genérica a "todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestra nación". El PP primero la emendó para que solo se aplicara a aquellos que habían cometido delitos, pero finalmente la han borrado por completo.

Tampoco sale adelante, por eliminación de los 'populares' la suspensión de la cooperación al desarrollo "con cualquier país que no colabore en la gestión de los flujos inmigratorios" y la publicación de estadísticas periódicas "relativas a la delincuencia e inseguridad asociada con la inmigración masiva" que pedía Vox. 

Los voxistas pedían, asimismo, establecer "la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales y los servicios públicos y proceder a la remigración de todos aquellos extranjeros que supongan un lastre para el estado de bienestar de los españoles". 

Finalmente, el PP ha presentado una enmienda con la que ha eliminado todas esas propuestas y exigencias al Gobierno de España. Lo que sí ha salido adelante se queda solo en impulsar un programa de retorno voluntario, reforzar la seguridad de los centros de menores extranjeros no acompañados o ubicarlos a las afueras de los centros urbanos.

El portavoz del PP, Nando Pastor, había defendido el día anterior que la iniciativa pactada -que sí incluía la repatriación de inmigrantes ilegales delincuentes- iba "un poco en consonancia" con el modelo del presidente de la Generalitat de Cataluña, el socialista Salvador Illa, de "regular el fenómeno de la migración" y de "intentar hacer todo compatible, pero regularlo y ordenado de alguna manera". "Lo que Illa dice textualmente que las cosas están bien pero hay que ordenarlas, hay que regularlas", incidió, al tiempo que recalcó que ambas formaciones no pidan "que se expulse nadie".

Por su parte, el diputado de Vox, David Muñoz, ha argumentado que "nuestras calles y barrios están convirtiéndose en terreno de caza de delincuentes y violadores", ha sostenido, recordando que el 'president' de la Generalitat se había comprometido con las iniciativas presentadas por Vox. 

Desde el PP, Lucía Peral, ha acusado al Gobierno de no asumir su responsabilidad en materia migratoria y dejar al "país a la deriva", frente a lo que ha defendido el plan presentado por el jefe de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, por una "inmigración ordenada". Ha asegurado que su grupo coincide "en gran parte" con Vox, pero no con todas sus "soluciones" y por eso enmiendan sus propuestas al respecto.

Por contra, la izquierda ha calificado esa PNL como "racista". Rocío Ibáñez (PSPV) la ha definido como "un panfleto ideológico basado en el miedo" e Isaura Navarro (Compromís) ha acusado a PP y Vox de convertir a los inmigrantes en "el enemigo de la sociedad".

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