El censo como botín

España no está ante una anécdota consular, sino ante una mutación silenciosa del cuerpo electoral. La llamada “ley de nietos” no solo repara biografías quebradas por el exilio, sobre todo toca la fibra más delicada de una democracia: quién decide el poder. La disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática permite optar a la nacionalidad a nacidos fuera de España descendientes de españoles que perdieron o renunciaron a ella por exilio, y también a otros supuestos familiares vinculados a mujeres españolas o a nacionalizados por leyes anteriores. 

Es evidente que sería de una máxima bajeza moral y jurídica negar derechos a quien legalmente le son reconocidos. Pero aquí el punto es otro: cuando una mayoría gubernamental administra tiempos, embudos consulares, refuerzos externos e inscripciones electorales de centenares de miles de nuevos nacionales, el derecho de sangre puede convertirse en aritmética de poder. Se han manejado cifras de 2,45 millones de solicitudes, 545.000 expedientes aprobados a 31 de marzo de 2026 y 306.500 personas ya inscritas en el Registro Civil consular, con derecho potencial a votar. 

La magnitud ha provocado que se convierta en un tema insoportable. Conviene llamar a las cosas por su nombre: esto no va de volumen bruto, sino de distribución marginal. La política española ya no se decide por torrentes, sino por gotas depositadas en la hendidura exacta para conseguir el objetivo deseado. Un censo exterior que podría crecer en torno a 600.000 electores antes del próximo ciclo general no necesita inundar Madrid o Barcelona para alterar el tablero: le basta con rozar el último escaño en provincias pequeñas y distritos donde la ley D’Hondt actúa como bisturí. Y por tanto, se podría sostener que la democracia puede morir, también, de una incisión quirúrgica para violentarla.

Pero reflexionemos sobre el diseño institucional, a mi juicio que es un elemento multiplicado del efecto, y me explico: la Constitución fija la provincia como circunscripción del Congreso y ordena una representación mínima inicial, la LOREG concreta que cada provincia recibe de entrada dos diputados y Ceuta y Melilla uno. Traducido a ciencia electoral: en distritos de baja magnitud, el último escaño vale más que la media nacional, el voto útil pesa más, la proporcionalidad se estrecha y un pequeño corrimiento censal puede operar como palanca. El peligro, también, acecha en lo microscópico, pues tiene ese efecto transformador y violentador de un mapa de voluntades autonómicas y nacionales. 

Y hay que recordar que el precedente existe ya a nivel nacional, aunque muchos ya se hayan olvidado o no quieran leerlo. En 2023, el voto CERA en Madrid arrebató un escaño al PSOE en favor del PP y modificó la aritmética de investidura nacional: ya no bastaba la abstención de Junts, hacía falta su sí. Aquello fue una campanada silenciosa, y lo que ahora tenemos sobre la mesa es materializar un campanario entero. 

Si un recuento exterior pudo alterar la negociación del Gobierno de España, imaginar que cientos de miles de nuevos electores exteriores son inocuos exige, siendo elegantes, demasiada candidez. También hay que reconocerlo, el CERA es perfecto para la controversia: incluye a españoles residentes-ausentes en el extranjero, obviamente forman parte del censo electoral, el CERA se actualiza mensualmente y recoge el municipio de inscripción a efectos electorales de quienes residen fuera.

Esa ficción jurídica es legítima con vínculos reales, reglas transparentes y controles. Pero se vuelve tóxica si el poder ejecutivo la convierte en maquinaria de oportunidad, con datos fragmentarios y aceleración selectiva que le permiten tomar la foto con la luz que desea en vez de con la que necesita. La reforma de 2022 eliminó el voto rogado y ordenó el envío de oficio de documentación a los españoles en el exterior, también reforzó la identificación del votante mediante pasaporte, DNI o certificación consular en determinados supuestos. 

Ante esta reforma, nadie sensato debe hablar alegremente de fraude masivo sin pruebas. Pero la ausencia de fraude penal no equivale a pureza democrática en el plano ético y estético. Hay conductas legales que son constitucionalmente corrosivas cuando fuerzan el perímetro del demos en vísperas electorales. Y ahí está el núcleo jurídico: la Constitución somete a ciudadanos y poderes públicos al ordenamiento, garantiza legalidad, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad, y reconoce el derecho de participación política mediante representantes elegidos por sufragio universal. Y claro, nacionalizar conforme a ley es una cosa, gestionar un alud de nacionalizaciones con impacto censal opaco y calendario políticamente rentable es otra. Si el Gobierno no publica cuántos nuevos electores se incorporan, dónde se adscriben, con qué criterios y bajo qué controles, la sospecha se materializa de forma clara.

La defensa gubernamental -“reparación y justicia histórica”- puede ser atendible en abstracto y, aun así, insuficiente en concreto. Las democracias maduras no discuten solo la bondad moral de una norma, sino su oportunidad, trazabilidad y externalidades. Una ley de memoria no puede transformarse, por acumulación y calendario, en una ley de ventaja competitiva. Pedro Sánchez no necesita confesar ninguna intención: en política, los efectos hablan con más elocuencia que los discursos. Y el efecto objetivo es éste: agrandar de golpe el cuerpo electoral exterior antes del ciclo decisivo, justo donde el sistema premia el voto marginal. 

Y ante esta realidad considero que la respuesta política no puede limitarse a comunicados indignados. Hay que exigir auditoría pública del CERA, publicación territorializada de altas por nacionalidad sobrevenida, comparecencias consulares, control de la Junta Electoral y recursos donde procedan. Pero solo hay un cortafuegos antes de que el nuevo censo cristalice: elecciones autonómicas (donde los estatutos de autonomía así lo permitan) y generales anticipadas en toda España antes de fin de año. Por tanto se trata de impedir que un Gobierno convierta el calendario de la nacionalidad en una confección.

La urna, esa que tanto fetiche causa en un portal de la calle Ferraz, exige algo más que papeletas: exige confianza y para ello requiere de honestidad y transparencia. Y creo que debemos ser justos con las figuras jurídicas en un sistema democrático y derecho porque no serlo amenazan a la democracia y a la convivencia. Asumiendo esta máxima, a nadie le debe parecer raro si concluyo diciendo que la nacionalidad no es una herramienta de campaña, que el censo es una garantía, no la despensa de una cocina, que el sufragio es la expresión más genuina de la soberanía, y no logística de partido. 

Quisiera concluir señalando que no podemos aceptar, ni en España ni en ningún lugar, que el demos se expanda bajo una niebla administrativa planificada en vísperas de una batalla electoral estrecha. Porque en caso de hacerlo aprenderemos a las bravas, y por descontado demasiado tarde, que la democracia no se asalta siempre con ruido, que a veces se reprograma en silencio, expediente a expediente.