Una Cátedra de la UMH pegada al terreno

Las Cátedras institucionales o de mecenazgo son estructuras que sirven de instrumento para establecer acuerdos entre la Universidad y una o varias empresas o instituciones públicas o privadas en diferentes ámbitos de conocimiento, con el fin de desarrollar actividades de investigación y promover la reflexión científica, tecnológica, humanística, artística y cultural y su aplicación a los retos sociales. Desde la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (UMH) y liderada por el catedrático Pablo Melgarejo, quien durante su etapa como director de la misma fue capaz de lograr importantes resultados para el centro, ha nacido recientemente la Cátedra de Agricultura de Precisión, Digitalización y Sostenibilidad (CAPDS).

Como no podía ser de otra forma –la confianza de los patrocinadores en su director estaba fuera de toda duda desde el principio- la Cátedra ha realizado ya diversas actividades en este corto plazo de tiempo, todas ellas de interés para el ámbito territorial donde se asienta. Pero desearía detenerme hoy en la mesa redonda celebrada la pasada semana bajo el título “Reflexiones sobre la política hidráulica española en el marco de la UE” que reunió en el auditorio oriolano de la Lonja a un elenco de expertos de primer nivel que, desde distintos ángulos, clamaron por una solución efectiva a los problemas reales de la gestión del agua.

El catedrático de Historia de la Economía de la Universidad de Alicante y diputado del Partido Popular en el Congreso Joaquín Melgarejo Moreno, el catedrático en Derecho Administrativo y experto en Derecho de Aguas Antonio Fanlo Loras, el doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Francisco Javier Flores Montoya y el ingeniero director general de la Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua Francisco Cabezas Calvo-Rubio, actuando como moderador Pablo Melgarejo, pusieron de manifiesto la necesidad de una planificación hidrológica que en España tiene una historia anterior al resto de Europa. Pero, al mismo tiempo, señalaron que las Confederaciones Hidrográficas del Segura y el Júcar apenas han podido desplegar las inversiones multimillonarias en infraestructuras de prevención de riesgo de inundación y mejora de capacidad de reserva de agua previstas para el tercer ciclo 2022-2027. Y lo mismo ha ocurrido con las correspondientes al ciclo anterior “aunque ya han comenzado a convocarse a todos los agentes afectados para la planificación del cuarto ciclo 2028-2033, con la exposición pública de los documentos iniciales”.

Joaquín Melgarejo, que habló sobre los efectos económicos y sociales de la planificación hidrológica, apostó por unas políticas de agua que contemplen tanto la sostenibilidad ambiental como el impacto socioeconómico y reiteró que los caudales ecológicos en el Tajo -que elevan el caudal circulante de 6 metros cúbicos segundo a 8,65 en 2028 a su paso por Aranjuez- supondrán en su aumento máximo una merma de 100 hectómetros cúbicos para Alicante y Murcia lo que pone en riesgo un sector productivo, competitivo y sostenible. Resulta especialmente interesante para Melgarejo que en la inversión planificada en la cuenca del Segura para el actual ciclo, “se dediquen a las medidas de protección frente a inundaciones, más de 734 millones de euros, el 23% del total de la inversión”, lo que supone la segunda medida en importancia tras la de incremento de nuevos recursos que alcanza los 1.095 millones de euros, el 30,54% del total.

Agregó que con esta cantidad se intenta paliar el déficit estructural de la cuenca del Segura. Sin embargo, para la cuenca del Júcar la inversión total prevista del programa de medidas para este periodo asciende a 2.185,616 millones de euros. Es muy relevante –subrayó- que, de esa cantidad, “la mayor parte vaya dirigida al concepto ‘cumplimiento de objetivos ambientales’ con más de 1.280 millones de euros mientras que para prevención y gestión de inundaciones se arbitran 222 millones de euros (es manifiesta la escasa inversión prevista en esta Demarcación); y a medidas de recuperación y revisión tras inundaciones se destinan cero euros. Sorprende la falta de previsión inversora en este Plan de cuenca”.

Para Joaquín Melgarejo “resulta imprescindible” elaborar un nuevo Plan Hidrológico Nacional (PHN). “Un plan que cumpla aquello que tiene encomendado por el artículo 45 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, que no es otra cosa que la resolución de los problemas que los planes de demarcación, por sí solos y en su escala, no son capaces de resolver”. Más adelante afirmó tajantemente que “es técnicamente imposible cumplir los objetivos y ejecutar en plazo las inversiones a nivel estatal del Plan Hidrológico 2022-2027” porque “Para hacerlo habría que triplicar hasta 2027 la licitación pública actual de infraestructuras de agua, de 2.750 a 8.100 millones de euros al año, con el fin de alcanzar el objetivo de 37.116 millones de euros”. Y recordó el diputado que SEOPAN (Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras) cifra en el 20,5% los contratos de concesiones que quedaron desiertos en 2023. “Estamos ya en 2025 –recalcó- y seguimos sin Presupuestos Generales del Estado, con lo que las inversiones recogidas en los distintos planes hidrológicos de cuenca se van a ver profundamente afectados. España arrastra un déficit de inversión de obra hidráulica de 27.000 millones. El 29% de las infraestructuras hidráulicas de interés general no se han construido, pese a estar aprobadas en los diferentes planes de cuenca y contar con sus informes preceptivos”.

A continuación, Joaquín Melgarejo indicó que el valor de todas las actividades relacionadas con las explotaciones agrarias, sustentadas parcialmente con recursos derivados a través de Acueducto Tajo-Segura, alcanza casi los 8.000 millones de euros, “lo que nos proporciona un indicador de productividad de más de 10,5 euros por cada metro cúbico de agua que se aplica a las explotaciones agrarias. O, lo que es lo mismo, por cada 4.800 metros cúbicos aplicados se crea un empleo en la región (207 empleos por cada hectómetro cúbico de agua utilizada)”. La reducción de 28 hectómetros cúbicos por cada metro cúbico que se eleve el caudal ecológico en el Tajo supone –resaltó el catedrático y diputado del Partido Popular- un impacto económico inmediato de unos 297,5 millones de euros de reducción de la actividad económica y la pérdida de unos 5.900 puestos de trabajo a tiempo completo. “En las explotaciones agrarias, esta reducción de volúmenes implica una pérdida de 88 millones de euros de producción agraria y la disminución del margen neto de los regantes de unos 29,5 millones de euros. El empleo perdido en este sector sería de unos 2.930 trabajadores y más de 30 millones de euros en salarios dejados de percibir. Estos efectos pueden verse acompañados de movimientos de deslocalización de empresas de forma irreversible”, concluyó.

Por su parte, el profesor Antonio Fanlo puso sobre la mesa un dato interesante cuando señaló que en la directiva marco del Agua de la Unión Europea, que rige la planificación hidrológica de todos los Estados miembros, no llega a citar en ningún momento el concepto de “caudal ecológico” sino que habla simplemente de caudal. Por lo tanto, calificó de “ocurrencia de funcionarios” el hecho de que tanto la Administración central como el Tribunal Supremo lo hayan asumido con total normalidad a la hora de imponerlo, en el caso del Tajo, en la instrucción de Planificación Hidrológica de 2008. Afirmó rotundamente que ello “excede de la cobertura legal” ya que “se ha impuesto la prioridad de garantía de caudales ecológicos frente a las de suministro de agua potable y agrícola”.

Consideró inexplicable Fanlo Loras que Tribunal Supremo no se “autocuestionara” esa falta de cobertura legal ante los recursos presentados al Plan Hidrológico del Tajo para señalar en sus fallos que se debía establecer caudales ecológicos “en todas las masas de aguas y con todos sus componentes”, sin percatarse de que esas exigencias "solo pueden ser cumplidas en los ríos que cuentan con embalses de regulación". En otro momento de su intervención afirmó que en España “los caudales ecológicos se emplean para quebrar algunas de las políticas tradicionales del uso del agua, como el Trasvase Tajo-Segura, pero también en el Ebro, dos ríos que tienen caudal suficiente si se realizan las transferencias desde el lugar donde hay mayor cantidad de agua”

En su turno, el ingeniero y profesor de la Universidad de Murcia Francisco Cabezas -que fue comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura-, afirmó que, ciclo tras ciclo, las previsiones de planes hidrológicos incumplen sus propios objetivos medioambientales. Señaló también que en 2027 no se va a lograr el objetivo del buen estado cualitativo de las masas de agua subterráneas, “uno de los principales quebraderos de cabeza de los regantes, porque deben renunciar a docenas de hectómetros cúbicos anuales extraídos de pozos sin contar con alternativas reales”.

Cabezas Calvo-Rubio recordó que el año 2027 es el límite legal para conseguir que el nivel de recarga de los acuíferos sea el mismo que el de las extracciones y aseguró que “No se va a lograr y no pasa nada. Porque, además, ese objetivo es imposible. Pero que lo digan claramente”. El ingeniero apostó, una vez más, por un Pacto Nacional del Agua y la revisión del Plan Hidrológico Nacional con el fin de coordinar las políticas hídricas en toda España y dijo a continuación que “El proceso de planificación hidrológica actual no está dando resultados ni en el apartado medioambiental de las masas de agua ni en el de la recuperación de los acuíferos” por lo que “hay que repensar la situación y buscar nuevas alternativas”, abogando por “recuperar el espíritu del Plan Hidrológico Nacional (PHN), con las actualizaciones que necesite”, puesto que de lo contrario, ”el sistema de planificación está cojo, ya que solo contempla los planes de Cuenca”.

El ingeniero y vicepresidente de la Sociedad Española de Presas y Embalses (SEPREM), Javier Flores, afirmó en su intervención que todas las cuencas hidrológicas de España podrían estar interconectadas y que en realidad unas distan muy poco con respecto a otras y puso como ejemplo la supuesta posibilidad de enlace del embalse de Mequinenza del Ebro con la cabecera del Tajo. “España es un país con agua suficiente si se organiza bien el recurso y se almacena y transporta a los lugares en los que es más productiva con un plan bien trazado”. Entre las diferentes combinaciones posibles de conexión intercuencas para dotar de agua al Levante solamente excluyó la procedente del río Tuétar “porque que podría afectar al crecimiento de la ciudad de Madrid”.

Insistió Flores en que “hay agua de sobra en las desembocaduras del Ebro, Duero y Tajo” pero “es necesario hacer una explotación adecuada de los embalses, combinada con la generación de energía renovable, para obtener el máximo rendimiento del agua y también energético”. También indicó que, en el caso del Tajo, el conflicto se produce “porque se toma el agua en la zona interior, que es donde el caudal es menos abundante” y subrayó que esto se solventaría “si se diseñasen planes de Obras Hidráulicas, de la misma manera que se hace para el ferrocarril o las carreteras”. Además, apostó por un sistema de embalses reversibles en el que la generación de hidroeléctrica pueda multiplicarse con la recuperación de la misma agua a través de energías renovables. “Es decir, reimpulsar el agua que se usa para volver a generar energía”. Apoyado en la serie histórica de lluvias más amplia de España registrada desde el siglo XIX hasta la actualidad, en otro momento de su disertación, Javier Flores negó que se esté dando una disminución de precipitaciones y aseguró que la grave sequía que padeció hace un año la cuenca interna de Cataluña se produjo, en su opinión, por la aplicación de los caudales ecológicos que vació los embalses. Y concluyó afirmando que el principal obstáculo para llevar a cabo infraestructuras hidráulicas en España es la protección ambiental de la Red Natura 2000.

El moderador de la mesa y director de la Cátedra de Agricultura de Precisión, Digitalización y Sostenibilidad, Pablo Melgarejo, afirmó que “Durante décadas, el Trasvase Tajo-Segura ha sido el motor de desarrollo del Sureste español, asegurando el agua necesaria para la agricultura, el abastecimiento urbano y la sostenibilidad de miles de empleos. Sin embargo, la decisión política de reducir los caudales trasvasables, agravada por el incremento injustificado de los caudales ecológicos, plantea una serie de problemas que afectan no sólo a la economía del Levante, sino al equilibrio territorial de España” por lo que “es innegable la importancia de preservar los ecosistemas fluviales, y también lo es que las políticas hidráulicas deben diseñarse desde una perspectiva integral, que contemple tanto la sostenibilidad ambiental como el impacto socioeconómico”.

En el caso del Levante –dijo el director de la Cátedra-, “esta reducción amenaza con desestabilizar sectores estratégicos, como la agricultura de regadío, que no sólo genera riqueza local y nacional, sino que también posiciona a España como líder exportador en Europa”. Y se preguntó Pablo Melgarejo: “¿Cómo puede justificarse, desde el marco de la Unión Europea, una decisión que pone en riesgo un modelo productivo sostenible y competitivo?” añadir que “No podemos perder de vista los retos derivados del cambio climático, como las sequías y los episodios de lluvias torrenciales, propias del Levante, que causan desastres por avenidas como las del pasado 29 de octubre de 2024 en Valencia, agravadas por diferentes circunstancias”. Y en este contexto, dijo el moderador de la mesa que “se hace imprescindible avanzar en la construcción de nuevas infraestructuras para la interconexión de cuencas y de las diferentes fuentes de agua (desaladoras, EDARs), la construcción de nuevos embalses y el mantenimiento de los cauces y presas, mantenimiento que en los últimos años deja bastante que desear, tal como cualquiera puede ver en algunos ríos, barrancos, etc. Este enfoque no sólo permitirá redistribuir los recursos hídricos de forma más equitativa y adecuada, sino que también garantizará el abastecimiento y el regadío, y ayudará a prevenir desastres naturales”, finalizó.

Lo dicho: ha nacido una Cátedra, con objetivos claros e implicación de las empresas del sector, para reflexionar y tratar de buscar soluciones a los retos de innovación que en materia hidrológica, de digitalización y sostenibilidad tiene planteada la agricultura en general y la del sureste de España en particular.