Generalitat defiende su Ley de Costas frente al 'acoso' judicial del Gobierno y denuncia “bulos” sobre una urbanización masiva del litoral

La batalla política y judicial ente el Gobierno de España y la Generalitat por la Ley valenciana de Costas sigue escalando. El director general de Costas, Puertos y Aeropuertos de la Generalitat Valenciana, Marc García, ha cargado duramente contra el Gobierno central por recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional y ha acusado al Ejecutivo de intentar frenar la capacidad legislativa de las comunidades autónomas.

En una entrevista previa a la jornada celebrada en el Club Náutico de La Vila Joiosa sobre el futuro del litoral valenciano organizada por ESdiario en colaboración con la Generalitat, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y el Ayuntamiento de la Vila Joiosa, García aseguró que el Gobierno “está recurriendo todas las normativas que emanan de los territorios” y advirtió de que la suspensión cautelar de algunos artículos de la ley deja en una situación delicada a numerosas viviendas tradicionales de la costa: "parece que como el Gobierno de España no puede legislar, está intentando que las comunidades autónomas tampoco legislen. ¿Y cómo lo está consiguiendo? Pues recubriendo al Tribunal Constitucional las normativas que emanan de los territorios y solicitando la suspensión de los artículos que recurren. Y esto es grave", afirmaba el director general.

Según explicó, uno de los objetivos centrales de la normativa valenciana era precisamente proteger núcleos históricos y construcciones con más de un siglo de antigüedad, muchas de ellas amenazadas por los deslindes y la regresión del litoral: “Dejan sin protección jurídica a viviendas históricas”

García defendió que la ley valenciana nació tras escuchar durante meses las reclamaciones de vecinos, ayuntamientos y afectados por la situación del litoral. El dirigente autonómico sostuvo que el recurso presentado por el Gobierno afecta especialmente a los artículos destinados a blindar los llamados núcleos etnológicos, es decir, conjuntos tradicionales vinculados históricamente al mar y a la actividad pesquera.

A juicio de la Generalitat, la suspensión de estos artículos supone dejar sin cobertura jurídica a viviendas históricas mientras se resuelve el conflicto en el Tribunal Constitucional. Pese a ello, el director general aseguró mostrarse convencido de que la norma autonómica terminará siendo avalada judicialmente y recordó que la Generalitat ya ha presentado sus alegaciones frente al recurso estatal.

La Generalitat negocia nuevas competencias sobre la costa

Durante la entrevista, el director general reveló además que la Generalitat Valenciana continúa negociando con el Gobierno central la transferencia de competencias en materia de costas.

García explicó que el Consell está desarrollando ya distintos instrumentos previstos en la ley, entre ellos el futuro plan de ordenación del litoral valenciano, el catálogo de playas o la comisión interdepartamental vinculada a la gestión de la costa.

El responsable autonómico defendió que mantener un contacto directo con municipios y vecinos resulta “fundamental” para trasladar sus necesidades a las políticas públicas y justificó así la celebración de encuentros como el organizado en La Vila Joiosa.

“Es falso que queramos urbanizar la costa”

Sobre las acusaciones de la izquierda quienes denuncian que con esta ley el Partido Popular quiere volver a la época del 'pelotazo urbanístico' construyendo frente a las costas valencianas, el director general denunció la difusión calificó la difusión de stas ideas como meros "bulos" negando rotundamente que la norma abra la puerta a construir junto al mar.

Según explicó, la legislación autonómica no regula las distancias urbanísticas para edificar, ya que esa cuestión corresponde a la normativa urbanística valenciana, que —recordó— fija una protección de 200 metros desde la línea del mar, el doble de la contemplada en la legislación estatal.

Para ilustrarlo, García comparó esa distancia con “dos campos de fútbol seguidos”, insistiendo en que el relato sobre una hipotética desprotección del litoral responde más a la confrontación política que al contenido real de la ley.

La Ley valenciana de Costas se ha convertido en uno de los principales focos de enfrentamiento entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno central en materia territorial y medioambiental.

Mientras el Consell defiende que la norma busca compatibilizar la protección ambiental con la preservación de viviendas históricas y actividad económica tradicional, el Ejecutivo central mantiene dudas sobre algunos aspectos competenciales del texto.

El conflicto se dirime ahora en el Tribunal Constitucional, aunque el debate político y social sobre el futuro del litoral valenciano parece lejos de apagarse.