proceso judicial
La jueza admite la personación de FETAP-CGT como acusación popular en la investigación sobre las VPP
El sindicato se suma a la causa como acusación popular junto a Ciudadanos y PSPV y asegura que impulsará diligencias para esclarecer todas las posibles irregularidades y responsabilidades.
Archivo - Vista del Residencial Les Naus
La jueza que investiga las adjudicaciones de VPP del residencial Les Naus ha admitido la personación del sindicato Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas de CGT (FETAP-CGT) como acusación popular en la causa. Según consta en una diligencia fechada este martes la magistrada da luz verde a la participación del sindicato en el procedimiento después de que abonara la fianza de 3.000 euros que le había sido requerida mediante una providencia dictada el pasado viernes.
Con esta incorporación, ya son tres las acusaciones populares personadas en la investigación. FETAP-CGT se suma así a las ya ejercidas por Ciudadanos y el grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Alicante. Tras conocerse la decisión judicial, el sindicato ha destacado que su entrada en la causa supone “un paso importante” para que una organización sindical del sector público pueda actuar “en defensa del interés general” en un procedimiento que afecta a la gestión administrativa, la transparencia y el control democrático de las decisiones públicas.
La organización ha avanzado que no se limitará a mantener una presencia formal en el proceso, sino que impulsará las diligencias que considere necesarias para esclarecer los hechos. En este sentido, ha anunciado que solicitará documentación relevante y recurrirá aquellas resoluciones que, a su juicio, puedan dificultar o limitar el desarrollo de la investigación.
Desde FETAP-CGT sostienen que, cuando existen indicios de posibles decisiones arbitrarias, tratos de favor o actuaciones contrarias a derecho en el ámbito público, “la respuesta no puede ser el silencio ni la opacidad”. Asimismo, defienden que la ciudadanía tiene derecho a conocer qué ocurrió, quién adoptó las decisiones investigadas y si existen responsabilidades administrativas, políticas o penales derivadas de ellas.
El sindicato también ha subrayado que actuará con “rigor jurídico”, respeto a la presunción de inocencia y “máxima firmeza” para que las pesquisas lleguen “hasta el final”. A su juicio, la acusación popular constituye una herramienta fundamental para proteger el interés general y evitar que asuntos de relevancia pública queden reducidos a un mero trámite procesal.
En la misma línea, la federación ha asegurado que trabajará para que se depuren todas las responsabilidades que puedan derivarse de los hechos investigados. “Si hubo decisiones arbitrarias o contrarias al interés general, deben investigarse hasta sus últimas consecuencias”, han señalado.