La alcaldesa de Castellón no descarta llevar ante la fiscalía las "irregularidades millonarias" del anterior gobierno del Fadrell

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha dejado abierta la posibilidad de acudir a la Fiscalía tras conocerse un informe municipal que cuestiona la contratación realizada durante el anterior gobierno del Acord de Fadrell del PSPV, Compromís y Unides Podem-Castelló en Moviment-Esquerra Unida. El documento, presentado en el pleno por el concejal de Economía, Juan Carlos Redondo, sitúa en más de seis millones de euros el volumen de contratos menores adjudicados en 2021 y advierte de posibles irregularidades en su tramitación.

Según este informe, no se habría seguido el procedimiento marcado por la Ley de Contratos del Sector Público y, además, el volumen y tipología de estas adjudicaciones apuntarían a un posible fraccionamiento de contratos, una práctica prohibida para eludir controles administrativos. Ante estas conclusiones, Carrasco ha señalado que analizará en detalle el contenido antes de decidir si traslada el caso al Ministerio Fiscal, una respuesta que formalizará por escrito.

El debate se ha producido en un contexto de tensión política, ya que desde el actual equipo de gobierno se ha recordado que PSPV y Compromís denunciaron recientemente contratos del Patronato de Turismo de 2024. En ese caso, la Fiscalía abrió diligencias tras un informe de Intervención que reflejaba un elevado porcentaje de contratación menor. Sin embargo, desde el ejecutivo local subrayan que esos niveles eran incluso superiores en ejercicios anteriores, cuando gobernaban los partidos ahora en la oposición.

Más allá del choque político, el pleno municipal ha abordado otros asuntos relevantes. Todos los grupos han respaldado de forma unánime varias declaraciones institucionales con motivo del Día Mundial del Parkinson, el Día de Concienciación sobre el Autismo, el Día Internacional del Pueblo Gitano y la reivindicación de un servicio de Cercanías digno para la provincia.

En materia de vivienda, el equipo de gobierno ha rechazado una propuesta de Compromís para impulsar ayudas al alquiler joven, defendiendo que estas se pondrán en marcha cuando se incorporen los remanentes presupuestarios y se complementarán con las subvenciones autonómicas.

También ha habido debate en torno a la Banda Municipal de Música. Una propuesta de Compromís para cubrir la plaza de dirección no llegó a votarse después de que prosperara una enmienda a la totalidad del Partido Popular, que apuesta por activar mecanismos internos para garantizar la continuidad del servicio.

En cambio, no salió adelante una moción del Grupo Socialista centrada en limitar el impacto de las salas de juego cerca de centros educativos. El gobierno local argumentó que la normativa autonómica ya establece restricciones claras y defendió que las licencias concedidas cumplen la legislación vigente.

Finalmente, el pleno rechazó otra iniciativa socialista sobre el destino de los remanentes de presupuestos participativos, al considerar el equipo de gobierno que ya se están destinando a proyectos concretos, como la mejora de espacios en el grupo San Lorenzo.

En el turno de ruegos, la alcaldesa se comprometió además a solicitar una reunión con el Ministerio de Agricultura para abordar la recuperación de la protección de la reserva marina de las Islas Columbretes, una reivindicación histórica en la ciudad.