Antifraude desmonta el caso de los contratos en Valencia: exime al gobierno de Catalá y descarta perder fondos europeos

El informe definitivo de la Agencia Valenciana Antifraude sobre las adjudicaciones municipales en Valencia ha dado un giro al pulso político abierto en el Ayuntamiento. El equipo de gobierno que lidera María José Catalá (PP), en coalición con Vox, sostiene que el documento exime al consistorio de cualquier responsabilidad y descarta la pérdida de fondos europeos vinculados a los contratos cuestionados. Según la interpretación del ejecutivo local, Antifraude concluye que la actuación del concejal de Contratación, José Marí Olano, en la Mesa de Contratación no alteró el resultado de las adjudicaciones, pese a las dudas planteadas sobre su abstención en varios expedientes en los que había mantenido relación profesional previa con una empresa licitadora.

El gobierno municipal subraya que las decisiones adoptadas en estos procesos se ajustaron a los informes técnicos y se aprobaron por unanimidad, por lo que la participación o no del edil no habría cambiado el sentido final de los acuerdos. Además, recalca que el órgano de control no solicita la revisión de oficio de los contratos, limitándose a plantear recomendaciones de mejora que serán analizadas por los servicios municipales. Entre los expedientes señalados figuran actuaciones de gran relevancia como la regeneración urbana de las avenidas Pérez Galdós y Giorgeta, el mantenimiento del sistema de saneamiento o proyectos de huertos urbanos en Orriols, algunos de ellos financiados con fondos europeos.

El informe, fechado el 4 de mayo, mantiene la existencia de “vicios” que afectan a la legalidad del procedimiento, en línea con el documento provisional, aunque el Ayuntamiento enfatiza que estas observaciones no implican la nulidad de los contratos ni consecuencias económicas para la ciudad. Desde el ejecutivo de Catalá se ha aprovechado el contenido del dictamen para cargar contra Compromís, al considerar que sus denuncias públicas se basaron en un informe preliminar y generaron una alarma injustificada. En particular, rechaza que exista riesgo de pérdida de ayudas europeas, una de las principales advertencias lanzadas por la oposición en los últimos días.

Compromís, por su parte, había alertado de posibles irregularidades en contratos valorados en más de 250 millones de euros y de la eventual nulidad de proyectos estratégicos, incluidos algunos financiados con fondos Next Generation de la Unión Europea. Con este nuevo escenario, el gobierno municipal da por reforzada su posición y defiende la legalidad de las adjudicaciones, mientras la polémica política sigue abierta en torno a la interpretación del informe y al alcance real de las deficiencias detectadas por Antifraude.