El Ejecutivo comunitario asume que ni el gas ni la energía nuclear son energías neutras a nivel climático, ni tampoco renovables, pero defiende su papel como «actividades de transición» para alcanzar el objetivo de una economía descarbonizada en 2050, un concepto recogido en el segundo párrafo del proyecto presentado.
Ante las reservas de la plataforma de expertos que emitió un informe crítico y al rechazo de varios países, entre ellos España, Bruselas defiende que el acto delegado adoptado por el Colegio de Comisarios fija «estrictas condiciones» para el gas y la energía nuclear, al tiempo que prevé sanciones para las compañías que no cumplan. Sin embargo, desoye las recomendaciones de los expertos de reducir los niveles de emisiones fijados en 270 gramos de CO2/kWh para plantas de gas hasta los 100 gramos de CO2/kWh.
A partir de ahora se abre un periodo de cuatro meses, prorrogable dos más, tras el cual entrará en vigor salvo que lo tumbe una mayoría simple del Parlamento Europeo o una mayoría inversa de 20 países que sumen al menos el 65% de la población de la UE. Si bien Francia y Alemania respaldan el proyecto, España, Austria, Dinamarca y Luxemburgo se posicionan en contra.
