| 29 de Marzo de 2024 Director Antonio Martín Beaumont

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¡Ojo con el diésel! Las nuevas sanciones a Rusia encarecerán el combustible

Las sanciones de la Unión Europea sobre Rusia tendrán un efecto directo en el precio de los carburantes importados del país euroasiático. La subida se notará especialmente en el diésel

| Ángela Mateos Economía

Desde que ha arrancado este 2023 el precio de la gasolina no ha parado de subir encareciéndose en lo que va de año un 3,30%. Pero este domingo, además, entra en vigor la prohibición de importar derivados del petróleo desde Rusia. El embargo afectará aproximadamente al 90% de importaciones europeas de crudo ruso, lo que según la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, supone unos 100 millones de toneladas (730 millones de barriles) anuales.

5 de febrero

Las sanciones contra el petróleo ruso se vienen aplicando de forma gradual desde el pasado junio. Ese mes la Unión Europea acordó prohibir la compra de crudo en diciembre, mientras que se dejaba para este 5 de febrero el veto a los productos derivados del petróleo, como el gasóil.

 

Según la Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), estas sanciones «podrían tener impacto en los precios que marque el surtidor», pero en ningún caso afectará a la seguridad de suministro.

Impuesto

Los principales ejecutivos de las dos grandes petroleras españolas, Repsol y Cepsa, advierten de que el precio de los combustibles, especialmente el del gasóil, puede experimentar un importante incremento a partir del próximo 5 de febrero.

La patronal de las petroleras que operan en España advierte además sobre las consecuencias del gravamen temporal energético promovido por el Gobierno y aprobado el pasado 21 de diciembre en el Senado.

El impuesto, incluido en el mismo paquete que el gravamen a la banca y que entró en vigor el día 1 de enero, supone aplicar un 1,2% sobre e importe neto de la cifra de negocios anual de las empresas del sector con facturaciones anuales superiores a los 1.000 millones de euros.

La AOP considera que este gravamen «penaliza al sector del refino y es incongruente con su política (la del Gobierno), al no favorecer la transición energética». Además, «desincentiva la inversión de las compañías en España, así como el empleo en el sector».