| 30 de Junio de 2022 Director Antonio Martín Beaumont

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El gobierno aprueba una batería de medidas que no contentan a nadie

Los 20 céntimos de la gasolina, la prohibición de despedir y los límites al alquiler y a los beneficios de las eléctricas son todas ellas soluciones polémicas no excusadas por la guerra.

| ESdiario Economía

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto ley con el eufemístico nombre de medidas para hacer frente al impacto de la guerra de Ucrania, un plan que movilizará 16.000 millones y que contempla la reducción de beneficios de las eléctricas desde los 67 euros MW/h, una bonificación mínima de 20 céntimos en cada litro de combustible o un tope del 2 % a la subida del alquiler o, incluso, la llamada 'prohibición del despido'.

Un ataque injusto a las eléctricas

En el real decreto-ley que ha aprobado el Gobierno se prorroga la minoración que se introdujo para recortar los denominados "beneficios caídos del cielo" o "windfall profits" que están obteniendo las compañías eléctricas con las tecnologías que no usan gas, como la hidráulica o la nuclear, por los ingresos que están obteniendo con los altos precios del mercado eléctrico. Ese límite de 67 euros/MWh es el que correspondería con un gas a un precio de 20 MWh, que ha sido el precio medio que ha tenido el Mercado Ibérico del Gas (Mibgas) desde que existe. Pero la realidad es que este no es el camino para solucionar el problema eléctrico en España.

Según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, los ingresos que se obtengan con la minoración de beneficios se destinarán a sufragar los cargos, uno de los elementos de la parte regulada de la factura con el que se financian las primas a las renovables, el 50 % de los costes de los sistemas eléctricos extrapeninsulares y déficits del sistema de años anteriores. Con esa inyección que habrá para pagar los cargos, se contribuirá a reducir la factura de los consumidores, aunque aún está por ver en qué cuantía.

Gasolina bonificada para todos

El descuento de 5 céntimos por litro de carburante que inicialmente corresponde a las petroleras lo asumirá el Estado en el caso de las pequeñas gasolineras, es decir, aquellas con una facturación inferior a 750 millones de euros. Así lo ha precisado el Ministerio de Hacienda, que ha recordado que los restantes 15 céntimos que forman parte de la bonificación -hasta sumar una rebaja de 20 céntimos- procederán de las arcas públicas en todos los casos.

Las petroleras con capacidad de refino que superen los 750 millones de euros anuales sí deberán aportar esos 5 céntimos como "prestación patrimonial de carácter público no tributario", aunque la norma permitirá no abonarla a aquellas compañías "que se comprometan a realizar de forma inequívoca" igualmente una rebaja de ese importe o superior ya sea "directamente" o a través de su red de gasolineras.

Límite a los alquileres

Por otro lado, el Gobierno ha aprobado limitar la subida de los alquileres al 2 % en los contratos que se renueven hasta el 30 de junio, como tope obligatorio para los grandes tenedores (propietarios de diez o más viviendas), mientras para el resto se aplicará cuando no haya otro acuerdo entre las partes.

En previsión de que el IPC siga subiendo a un ritmo muy superior al de los sueldos, el Ejecutivo establece que los contratos a los que corresponda su revisión anual en los próximos tres meses -abril, mayo y junio- no se revalorizarán en función de ese índice, sino del Índice de Garantía de Competitividad (IGC), creado en 2013 con un suelo del 0 % y un techo del 2 %.

La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) ya remite a ese índice para la actualización de rentas, pero en la práctica la inmensa mayoría de los arrendamientos se revalorizan con el IPC. Fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) han señalado que "lo que tiene que primar es el acuerdo entre las partes y si, no lo hay, los alquileres tiene que ir al IGC, que en este caso como tope es el 2 por ciento".

En los alquileres de los grandes tenedores, si no llegan a un acuerdo con su arrendatario, el tope máximo de subida de renta que podrán aplicar será ese 2 %, es decir, que solo pueden acordar subidas por debajo de esa cifra, mientras que para los pequeños propietarios prima el acuerdo entre las partes, sea cual sea, lo que les permite pactar un incremento de renta por encima del 2 %.

Inseguridad laboral

En cuanto al empleo, el anuncio de Sánchez de que estará prohibido despedir se torna más complejo cuando baja a la realidad. Lo que se prohibirá es el despido objetivo indemnizado con 20 días por año trabajado y las empresas que acudan a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) deberán mantener a sus empleados.

La ministra de Trabajo ha querido lanzar un mensaje a los empresarios y empleadores de este país: "En las crisis, cuando hay mecanismos de protección social, no hay que despedir", ha dicho en rueda de prensa Yolanda Díaz tras el Consejo de Ministros.

Díaz ha emplazado a los empresarios a no recurrir a ERTE si su intención es despedir y ha explicado que ningún despido será justificado por el aumento de los precios de la energía. En este caso, el Gobierno establece que las empresas devuelvan todas las ayudas públicas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzaba que el plan se extenderá desde el 1 de abril hasta el 30 de junio con 6.000 millones en ayudas directas y rebajas de impuestos, y 10.000 millones más en créditos ICO.

Otras acciones

Junto a la bonificación a carburantes y el tope al alquiler, el plan contempla aumentar un 15 % la cuantía del ingreso mínimo vital (IMV) y extender el bono eléctrico social a otras 600.000 familias, con lo que llegará a 1,9 millones de hogares.

El plan también incluye medidas de ciberseguridad, con un presupuesto de 1.000 millones, y una nueva línea de avales de créditos ICO por valor de 10.000 millones "para cubrir necesidades de liquidez provocadas por el aumento temporal de la energía y combustibles".

Asimismo, se extenderá el plazo de vencimiento de los préstamos avalados por el ICO y el de carencia para los sectores más afectados y se aprobarán ayudas por valor de 362 millones para el sector de la agricultura y ganadería, y de 68 millones para la pesca y acuicultura.

Todas estas medidas están pendientes, sin embargo, del articulado legal que permita conocer cómo se concretarán tras el Consejo de Ministros, y cuál será el detalle publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado.