Europa amenaza con un Iberexit ante la situación energética de España

El debate sobre la intervención de los precios eléctricos en España aprobado en el Consejo de Ministros de ayer está pendiente de dos nuevas validaciones: primera, la del Congreso de los Diputados en el plazo de un mes y, después, -con el anunciado y no definido tope al precio del gas- en la Comisión Europea.

En el caso de las medidas anunciadas ayer, ya han tenido una primera respuesta crítica de una parte la oposición: son insuficientes, propagandísticas, ideologizantes e intervencionistas. Pese a ello, la adversidad económica que vive el país (hoy se ha conocido un avance del IPC con datos preocupantes, incremento de precios del 9,8 por ciento) llevará a la gran mayoría de partidos a validarlas o a una abstención política y estéticamente correcta.

El principal escollo está de nuevo en Europa que no se excita por las apreturas electorales de nadie. Tampoco se deja arrastrar por lo coyuntural ni por el impulso populista del odio social, instalada en el ala Oeste de La Moncloa.

El mercado común europeo– en su génesis está incluida la acepción Mercado- nació para conquistar la libertad y la prosperidad cuya fuente es la creación de riqueza para, después producir una redistribución justa.

La regulación y una supervisión estructurada y mancomunada de los Estados Miembros son la garantía del éxito y de la continuidad de una Comunidad fuerte, ya sea en los momentos más duros (la Guerra, por ejemplo) como en los más prósperos.

LaUnión Europea, especialmente los países contribuyentes netos, observan con inquietud esa suerte de autarquía o aislamiento energético en el que se ha querido envolver el Gobierno de España para imponer medidas intervencionistas sobre una parte del sector energético; el eléctrico.

La pregunta que se harán próximamente los consumidores es por qué esa limitación tarifaria que se predica de los precios de la luz no se lleva también a los postes de gasolina y a los contadores de gas de las viviendas. Gasolina, por ejemplo, a 0,80 céntimos en todas las gasolineras. Una reclamación que sería tan populista como insólita en la que, de momento, el Gobierno parece no pensar.

Una vez abierta la espita del intervencionismo el primero en moverse será el arbitro regulador internacional que tendrá que validar o no la propuesta española. El segundo será el propio consumidor que exigirá al gobierno que las limitaciones de tarifas en el ámbito de lo privado se extiendan. Abierta la compuerta del intervencionismo ¿por qué solo para unos "actores" y no para todo el reparto?

Es en este contexto en el que altos funcionarios de Bruselas comenzaron ayer a circular la expresión IBEREXIT, como inicio o precedente de una desconexión interesada de España de la CE. La cuestión es si España tendrá derecho a ser un miembro caprichoso y preferente, con autoservicio para lo que le convenga, fondos de la Política Agraria Común, política migratoria, Defensa compartida...  y, por otro lado, un país disidente para lo que le moleste, el mercado energético, por ejemplo. 
 
Ser una "isla" europea en depende qué materias es el primer paso hacia la desconfianza del resto del club. Esta opción española, enunciada como excepcional, "mientras dure la guerra" nos retrotrae a una película en blanco y negro: los tiempos de la autarquía económica de los años 50, en la postguerra, cuando el aislamiento político tenía otras connotaciones.