El gobierno no concreta el modelo de pago para las autovías

El Gobierno ha incluido en el plan de recuperación que remitirá a Bruselas antes del próximo 30 de abril la posibilidad de introducir peajes en la red de autovías, con el objetivo de garantizar los fondos necesarios para la conservación de la red de carreteras.

A cierre de 2019, el déficit en esta partida ascendía a 7.500 millones de euros, toda vez que el levantamiento de los peajes ha hecho gratuitos varios tramos de las principales vías del país, lo que supone una merma de ingresos y menos fondos para acometer obras en las carreteras.

Entre las medidas que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha prometido a Bruselas en el marco de la recepción de 140.000 millones de euros de los fondos europeos se encuentra la revisión de la financiación de las autovías para establecer un sistema de ingresos.

«Se revisará la financiación de las vías de alta capacidad y se establecerá un sistema de ingresos que garantice los fondos necesarios para la conservación de la red viaria estatal», señala en uno de sus puntos el denominado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En este sentido, España se encuentra a la cola de los grandes países europeos por inversión en carreteras, con solo 22.489 euros por kilómetro, según datos de la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex), que sitúa a Italia, Francia y Alemania por encima de los 41.000 euros.

El texto que el Gobierno remitirá a la Comisión Europea vuelve a referirse más adelante a su plan: «Es preciso desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del transporte por carretera como sucede en el resto de infraestructuras».

Varias alternativas

En varias ocasiones, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ya ha abierto la puerta a esta posibilidad, aunque descartando el pago por parte de los ciudadanos que necesiten transitar por ellas por motivos de trabajo o cualquier otro tipo de necesidad.

Por el contrario, sí podría introducirse un sistema que permita ingresar dinero en las arcas públicas a través del pago por parte de las actividades económicas que se benefician de la infraestructura pública, es decir, de empresas cuya circulación por las autovías les hace ser más competitivos en su actividad.

No obstante, el Gobierno ya ha insistido en varias ocasiones que cualquier cambio en este sentido tendrá que contar con el consenso económico, político y social suficiente. Por el momento, los partidos no han dejado claras sus posiciones, debido al déficit real en el que incurre la gratuidad de las carreteras, más allá de ciertos mensajes puntuales con fines electorales.

Según la patronal de la construcción Seopan, la introducción de peajes en la red de 14.130 kilómetros de autovías actualmente libres de pago en España generaría unos ingresos de 12.649 millones de euros anuales por tarificación.

Asimismo, solo Hacienda ingresaría 4.700 millones de euros por IVA, Impuesto de Sociedades e IBI cada año, mientras que el conjunto de las administraciones públicas obtendrían un pago inicial de 5.614 millones de euros y uno anual de 4.827 millones de euros durante un periodo de 25 años, así como un ahorro de 850 millones en conservación.

Según sus cálculos, el déficit anual generado por la reversión de las autopistas, que ya suma 1.907 kilómetros revertidos al Estado entre 2019 y 2021, alcanza casi 1.000 millones de euros, debido a la pérdida de recaudación fiscal y al aumento del gasto de conservación.

El Real Automóvil Club de España se opone frontalmente al nuevo intento del Gobierno a la hora de cobrar por el uso de las autovías, una medida que volvería a cargar de problemas las espaldas y bolsillos de los conductores y, sobre todo, que los pondría en serio peligro al obligar a muchos de ellos a buscar vías alternativas mucho más peligrosas.

Los datos de fallecidos y accidentes de los últimos años, y que han empeorado en Semana Santa, deberían hacer reflexionar al Ejecutivo, ya que es en las carreteras secundarias donde se multiplica el riesgo para las personas que se desplazan por carretera.  Más del 75% de los conductores se muestran poco o nada de acuerdo con la posibilidad de implementar el ‘pago por uso’ que valora el Gobierno, y ocho de cada 10 afirmaron en una encuesta del RACE que buscarían vías alternativas