| 28 de Septiembre de 2021 Director Antonio Martín Beaumont

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Isabel Rodríguez
Isabel Rodríguez

Retrasar la jubilación tendrá hasta 12.000 euros de "premio"

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley que devuelve el IPC como sistema de revalorización, beneficia el retraso de la jubilación y castiga su adelanto con hasta un 30% menos.

| Redacción Economía

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley de reforma del sistema público de pensiones. Un proyecto, que ahora deberá aprobar y enmendar el Congreso, que, además de devolver el IPC como fórmula de revalorización, penaliza con hasta un 30% de la pensión a quienes se jubilen cuatro años antes de la edad legal, y premia con una cantidad fija de entre 5.000 y 12.000 euros a los que decidan retrasar un año su edad de jubilación; hoy fijada, con carácter general, en un mínimo de 66 años, y que irá aumentando gradualmente hasta alcanzar los 67 años, en 2027.

La reforma supone volver al IPC como mecanismo de revalorización anual. Sin embargo, el proyecto de ley aprobado hoy por el Consejo de ministros, calcula esa revalorización de forma distinta. A partir de ahora, será una media del IPC del año anterior el índice que se utilizará para fijar cuánto suben las pensiones en enero. Y no la inflación prevista, como lo fue hasta 2013, cuando la reforma Rajoy congeló los aumentos en un 0,25% en los años negros para la economía y los ingresos de la Seguridad Social.

Además, la reforma, que ahora puede sufrir modificaciones en el Congreso, tal y como se prevé — aunque no en los elementos aprobados hoy –, contiene también novedades respecto al momento en que uno se jubila. El Pacto de Toledo, los sindicatos, los empresarios y el Gobierno tratan de que los trabajadores permanezcan más tiempo en el mercado de trabajo. Y fijan mediante esta ley, por un lado, incentivos para quienes demoren su edad de jubilación; y por otro, castigos —en forma de reducciones en la cuantía de la pensión— a quienes se jubilen antes de tiempo.

Cuando sea voluntaria, la jubilación solo se podrá anticipar dos años respecto a la edad legal. La penalización será de un 21%; salvo quienes tengan muchos años cotizados. Una reducción que penaliza especialmente a las pensiones más altas, al calcularse ahora el recorte sobre la cuantía de la pensión, y no sobre la base reguladora, como antes.

En caso de despido, la jubilación se podrá anticipar cuatro años respecto a la edad legal de jubilación. La penalización oscilará entre el 30% y el 24% en función del tiempo cotizado. Para los más —con menos de 38 años y medio cotizados— la penalización será el 30% para adelantos de cuatro años.

La reforma también contempla una serie de incentivos a quienes continúen en el tajo más allá de la edad ordinaria de jubilación; establecida en 66 años este 2021, y que aumentará gradualmente hasta los 67 en 2027.

La llamada jubilación demorada ofrece tres tipos de premios a quienes deciden seguir trabajando. Un incremento del 4% en la futura pensión por cada año de prolongación. O bien una cantidad fija por cada año demorado, que va de los 11.000 o 12.000 euros para una pensión máxima (unos 4.785 euros o 5.265, en el caso de las mínimas); en función de los años cotizados. O bien una combinación de ambas fórmulas.

Otra novedad es que se reduce el pago empresarial de cuotas por los trabajadores mayores de 62 años que enfermen. En concreto, los empresarios solo pagarán un 25% de las cuotas por contingencias comunes de estos trabajadores de baja, por incapacidad temporal. Una medida que trata de “favorecer la permanencia de los trabajadores de más edad en el mercado de trabajo”, según el Gobierno.

Satisfacción sindical

Por último, el proyecto de ley retira algunas obligaciones que hasta ahora se pagaban con el dinero de las cotizaciones a la Seguridad Social. Y que empezarán a pagarse vía impuestos, la llamada separación de fuentes de financiación del organismo pagador de las pensiones. También se creará un organismo de nuevo cuño, la Agencia Estatal de la Seguridad Social, mediante un proyecto de ley que deberá presentarse en el plazo de seis meses.

Según el Gobierno, el proyecto de ley supone “una garantía del poder adquisitivo de las pensiones”. Y fija un “marco estable de revalorización de estas prestaciones. Al tiempo que lo hace con acuerdo de empresarios y sindicatos, y siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo, la comisión parlamentaria encargada de velar por el buen funcionamiento del sistema público de pensiones.

Por su parte, los sindicatos UGT y CCOO han mostrado hoy su satisfacción por el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros. Y han reclamado un nuevo acuerdo que complete el actual. Entre los asuntos pendientes, destaca el nuevo sistema de cotización para los autónomos, así como el incremento de las pensiones mínimas, y la fijación de un nuevo mecanismo que tenga en cuenta la esperanza de vida de las generaciones que se jubilen.

Según UGT y CCOO, el proyecto de ley aprobado hoy reconoce “nuevos derechos” a jóvenes, parejas de hecho, trabajadores del campo y cuidadores de personas dependientes.

Además, “mejora de manera generalizada los coeficientes reductores de quienes se ven obligados o eligen acceder a la jubilación anticipada”, concluyen.