| 21 de Mayo de 2022 Director Antonio Martín Beaumont

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Doce asociaciones solicitan al Gobierno que fijen objetivos de descarbonización

Solicitan que la nueva Ley de Movilidad Sostenible fije objetivos concretos de reducción de emisiones para conseguir la neutralidad climática del sector antes de 2050.

| Carlos Nieva Economía

Entre las asociaciones se encuentran Ambe, ConBici, CCOO, el Consejo de la Juventud de España, Ecodes, Ecologistas en Acción, Eco-Unión, Fundación Renovables, Nuevo Modelo Energético, Promoció del Transport Public, Transport & Environment y WWF. 

Estas organizaciones, en un comunicado conjunto, achacan que la ley sólo menciona de forma genérica que hay que alcanzar los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero y calidad del aire, sin sectorizarlos ni hacer referencia a objetivos establecidos por otras normas o compromisos internacionales. Por ello, establecen que la normativa debe establecer objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del sector transporte para 2030 y 2040 y en comparativa con 1990.

El sector fue responsable del 29,1 % del total de esas emisiones en 2019 y sólo el transporte por carretera fue el mayor emisor, con el 26,8 % del total nacional. "Resulta decepcionante que la tan esperada Ley de Movilidad Sostenible no marque una hoja de ruta clara para lograr la descarbonización del transporte, cuando este sector es ya el que más contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero en España", subrayan las doce organizaciones en el comunicado. 

Además reclaman la consideración del gas natural como "energía alternativa", y fomentar su uso explícitamente para el transporte marítimo en lugar de eliminarlo, o se defina a la cogeneración, que normalmente utiliza gas natural como energía eléctrica renovable. Por ello, afirman que el Gobierno debería fijar en la Ley de Movilidad Sostenible un objetivo obligatorio de suministro de combustibles verdes cero emisiones mínimo del 6 % para 2030.

Los firmantes del comunicado reclaman también que la ley dé prioridad a la financiación del transporte público, cuya mención ha sido eliminada del nombre de la normativa, y que se concreten las diferentes vías de financiación del fondo estatal para el sostenimiento de la movilidad.