Ómicron: precaución toda, histeria ninguna

La presidenta de la Comisión Europea ha abierto en estos días el debate sobre la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID, un tabú hasta ahora, donde colisionan libertades personales con la seguridad sanitaria colectiva, que España ha desechado considerando innecesaria la imposición por el elevado porcentaje de inmunizados ya existente, en torno al 90%.

Se calcula que 150 millones de europeos no están inmunizados, por edad, por alergias o por decisión personal. La Comisión Europea puede presionar y aconsejar la vacunación obligatoria, pero la decisión final solo puede adoptarla cada Estado de manera soberana, lo que presagia una respuesta desigual: Alemania, de momento, ha sido el país que más claramente se ha mostrado a favor de esa controvertida imposición.

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Desde un punto de vista sanitario, la vacunación es difícil de discutir y España es el mejor ejemplo: pese al temor a la variante Ómicron y la subida de contagios, los datos importantes de la pandemia siguen controlados:

Con casi 78 millones de vacunas administradas, la tasa de ocupación de UCIS es inferior al 9%; la ocupación de camas hospitalarias totales por coronavirus está  por debajo del 4% y la cifra de fallecidos en los últimos siete días es de 131 personas, un número significativo pero alejado del pasado y concentrado en personas sin inmunizar, de muy avanzada edad y casi con total seguridad con patologías previas.

Hay que cuidarse, protegerse y no cometer excesos, pero con la información y los datos reales sobre la mesa para no caer en histerismos

Con la incidencia multiplicada hasta por 5 en un mes y récord en los menores de 12 años (400 casos por cada 100.000 habitantes), la eficacia de la vacuna parece mantenerse a efectos de evitar cuando menos la enfermedad en su variante más grave. Y mejorará cuando, en breve, se inicie la inmunización de los más pequeños, obviamente voluntaria.

¿Y el Gobierno?

Mientras, las autoridades y los medios de comunicación siguen utilizando el número de contagios como principal referencia para analizar la pandemia y adoptar o sugerir medidas: un discurso que apela a la responsabilidad, en el lado positivo; pero que también estimula el pánico y resta credibilidad a la vacuna, pese a su contrastada eficacia.

Así, el Gobierno de España, por ejemplo, no tiene una hoja de ruta clara ni sanitaria ni legal: de momento se limita a proponer la cuarentena de cualquier contacto de un contagiado, sin especificar cómo se controlaría. Y sin embargo, no precisa una estrategia de vacunación de la tercera dosis ni de gestión de las Navidades que comunidades como la de Madrid sí ha anunciado ya, con la diligencia que, con todos sus errores y lagunas, ha caracterizado en general a los Gobiernos autonómicos frente al Central.