La política económica del Gobierno coloca a España al borde de la quiebra

El Gobierno aprobó este martes un nuevo techo de gasto de casi 200.000 millones de euros, un 53% más del vigente este año. Es el más expansivo de la historia, en el ejercicio en el que, por contra, más se va a contraer la recaudación por el paro y la caída empresarial y más se van a disparar la deuda y el déficit.

Pese a ese cuadro, hay una parte de esa política económica que puede entenderse: en momentos de crisis económica, el Estado debe recurrir a la deuda pública para sostener el andamiaje socioeconómico y hacer quebrar del todo al país: si caen las familias y las empresas, la recuperación será imposible cuando termine la crisis porque quienes tienen que hacerla habrán desaparecido.

El gran problema viene cuando se pasa de esa declaración de intenciones a la realidad contable del plan gubernamental y se detecta una tendencia casi suicida: los ingresos habituales del Estado rondan los 200.000 millones de euros en años sin turbulencias, de los cuales un 12% proceden del Impuesto de Sociedades (unos 23.000 millones) y un 40% de la Declaración de la Renta (algo más de 80.000 millones).

La recaudación de ambos este año se va a desplomar con total seguridad, por la combinación de un cierre masivo de empresas (90.000 en lo que va de año), las pérdidas de las que sobrevivan y el incremento del desempleo, que puede llegar a superar el 20%.

¿Cómo piensan cubrir el gasto previsto por la caída de los dos impuestos que suman más del 50% de la recaudación pública? Solo puede hacerlo con las transferencias de la Unión Europea y subiendo los impuestos con todo tipo de excusas.

España está en quiebra y, en lugar de acabar con el gasto superfluo, lo eleva con una excusa social ineficaz y suicida

De Bruselas llegarán, en el mejor de los casos, 20.000 millones este año, casi un tercio del total previsto en un rescate de 140.000 millones, de los cuales la mitad serán préstamos a devolver y, de la otra mitad, un 50% tendrá que ponerlo España a su vez en los Presupuestos europeos.

Todo lo demás llegará, no hay otra alternativa, de una fiscalidad agresiva con el IVA, los autónomos, el Impuesto a las Sociedades que sobrevivan, los impuestos indirectos y hasta el ahorro. Y no hay más. La alternativa sería adelgazar el gasto corriente de la Administración Pública, donde los expertos calculan un gasto superfluo de entre 20.000 y 45.000 millones de euros.

En quiebra

Pero eso no ocurrirá. El Gobierno ha optado por sacrificar al sector productivo, a las empresas y a los trabajadores para, con la excusa de un rescate social, mantenerse a sí mismo por encima de todo. Urge un plan de reforma estructural de la Administración; pero lo que vamos a sufrir es una deuda insoportable del Estado y un déficit sin parangón en Europa que amenaza el futuro del país.

Solo el déficit, que el Gobierno ya sitúa en un brutal 11.7% pero llegará probablemente al 16%, se comerá el total de las ayudas europeas o, si prefieren otra comparación, el 80% de ese techo de gasto inviable. Si España fuera una empresa, estaría ya en quiebra. Y no hay nada más antisocial que colocar al país en ese precipicio y, encima, presumir de ello.