Podemos no puede estar en el Gobierno de España y atacar al Rey

Nada ha cambiado en Podemos tras la despedida de Pablo Iglesias, pues su sucesora, Ione Belarra, mantiene el mismo tipo de política populista y frentista que aspira a derruir el sistema del que sin embargo viven como la mayoría de sus dirigentes jamás hubieran soñado: sus retribuciones, privilegios y recursos no se corresponden con sus trayectorias profesionales y personales, logradas gracias a su presencia en unas instituciones que denigran a diario.

Empezando por la primera de ellas y mas simbólica, la que aparece en la cúspide de la Constitución como emblema de toda ella: la Corona y su representante, el Rey de España, que entre otras atribuciones firma los decretos por los que Belarra, Montero o Garzón pueden ser ministros y encabeza el cuerpo legislativo que reconoce a Ada Colau como alcaldesa.

Un socio del PSOE va aún más allá y exige desahuciar a los Reyes de Baleares

Todos ellos atacan a la Monarquía de forma reiterada, lanzan campañas contra ella, la acusan en falso y, en resumen, hacen de su derribo una de sus prioridades políticas; con la nueva secretaria general y ministra de Asuntos Sociales como incendiaria promotora del despropósito.

No se puede formar parte del Gobierno de España y dedicarse a atacar al Rey que firma los decretos que hacen ministros a sus enemigos

Pero si todo ello les retrata como una colección de hipócritas que logran un alto nivel de vida gracias al mismo sistema que mancillan es, no hay que olvidarlo, gracias al presidente y al partido que les ha aceptado como socio de Gobierno: son Pedro Sánchez y el PSOE los responsables, en última instancia, de que estos antisistema de pega puedan trabajar contra la Constitución desde instituciones reconocidas y protegidas por ésta.

Podemos debe salir del Gobierno

El cúmulo de despropósitos visto en apenas tres años de coalición entre el PSOE y Podemos es de tal magnitud que la sociedad parece haberse acostumbrado y ya no tiene capacidad de sorpresa: desde la subordinación a los partidos separatistas hasta el asalto al Poder Judicial; todo son desafíos infames a la base del Estado de Derecho.

Y en ese contexto, no se da la importancia al sinsentido que supone incluir en el Gobierno del Reino de España a un partido que dedica los recursos públicos a trabajar contra él. En un país centrado, eso resultaría imposible y Podemos sería un partido marginal que atacaría al Rey y a la democracia en el uso de su derecho a la libertad de expresión. Pero nunca desde un Consejo de Ministros, a bordo de coches oficiales y con ingentes presupuestos a su disposición.