| 19 de Octubre de 2021 Director Antonio Martín Beaumont

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Una Ley de Vivienda chavista que amenaza la propiedad privada en España

Aunque la Ley tenga muy difícil aplicarse, crea un peligroso precedente en España: el de que un Gobierno puede regular, invadir o gestionar la propiedad privada de los ciudadanos.

| ESdiario Editorial

 

 

El mismo PSOE que acaba de anunciar la Ley de Vivienda más intervencionista de Europa, inspirada claramente en la impulsada por Hugo Chávez en Venezuela hace una década años con resultados funestos, se desdijo casi a los cinco minutos de ella , rebajando su trascendencia y dejando que su aplicación dependa de la voluntad de las Comunidades Autónomas.

Es decir, mientras Sánchez permitió que Podemos vendiera este engendro normativo como una ley expropiadora, invasiva y empobrecedora; la ministra de Agenda Urbana, Raquel Sánchez, le quitó importancia, limitó su efecto y reconoció que los plazos de tramitación la hacen prácticamente inaplicable antes de las próximas Elecciones Generales.

 

Toda la secuencia refleja a la perfección la estrategia habitual del sanchismo puro: decir una cosa y la contraria según a quién se dirija. En Cataluña coquetea con el referéndum y en el resto de España es el más español. En Bruselas defiende el rigor presupuestario y en Madrid el despilfarro. Con Podemos impulsa la expropiación de la propiedad privada y cuando Podemos se da la vuelta hace saber que poco o nada va a cambiar.

Sea o no aplicable la Ley de Vivienda, marca una impronta invasiva y chavista muy inquietante y peligrosa

Y entre medias, para despistar con la quiebra técnica de España, con su asfixiante deuda, con el insoportable precio de la luz o con la brutal subida de impuestos en marcha, anuncia ayudas al alquiler de 250 euros para los jóvenes, un abono cultural de otros 400 euros anuales y unos Presupuestos expansivos insostenibles para el país pero perfectos para pagarse una larga campaña electoral.

El asalto la propiedad

El problema es que, aunque esta ley chavista vaya a fracasar porque ninguna Comunidad la aplique y ningún Ayuntamiento se atreva a la abusiva subida del 150% en el IBI; de las viviendas vacías;  deja plantada una semilla inquietante y peligrosa.

La de que se puede invadir la propiedad privada: sea un casa, los ahorros, los exiguos beneficios empresariales o la pensión ganada a pulso. Lo logre o no ahora, marca una impronta inaceptable e impropia de una sociedad próspera en la que los poderes públicos, por definición, no asaltan hasta el último rescoldo de la vida de los ciudadanos.