Un año de "exilio" forzado del Rey Juan Carlos I

Juan Carlos I cumple en estas fechas un año de "exilio" teóricamente voluntario que, en realidad, nace de las presiones de La Moncloa y cuenta con el beneplácito de la Casa Real. Su marcha a los Emiratos Árabes el pasado verano, seis años después de su abdicación, fue una "sugerencia" de Pedro Sánchez que Felipe VI compartió y su padre acató, con evidente descontento.

Las sospechas sobre el comportamiento del Emérito son abundantes y apuntan a distintos delitos fiscales relacionados con la existencia de cuentas en el extranjero con enormes cantidades de dinero de incierta procedencia: sean regalos o donaciones de amigos o supuestas comisiones, la mera existencia de millonadas en cuentas al margen de la tributación española afecta, sin duda, a la imagen de quien fue el primero de los españoles.

Juan Carlos I cumple un año fuera de España sin fecha a la vista para el regreso

Por muy legal que acabara siendo todo, no es nada edificante que quien ha representado al país opte por ignorarlo a efectos tributarios: en cualquier otra persona, las regularizaciones terminan con el conflicto. Pero en quien simboliza de algún modo a toda una Nación, no basta con dirimir el asunto en el ámbito penal: si finalmente se zanjan los distintos casos abiertos, don Juan Carlos seguirá debiendo una explicación. O algo más.

La doble vara de medir

Pero dicho lo cual, cabe recordar que el padre del actual Rey no tiene ninguna causa formal abierta en su contra. Ni desde luego está imputado por nada, pues la fiscalía del Supremo no ha sabido o querido formular acusación alguna y, en todo caso, ha cerrado ya alguna de ellas.

Y también hay que preguntarse por la doble vara de medir, nada inocente, que se aplica al caso. ¿Cómo es posible que se sea más indulgente con terroristas con delitos de sangre que con una persona decisiva en el asentamiento de la democracia?

¿Son peores las sospechas sobre el Emérito que las certezas judiciales sobre el independentismo o los ERES? La respuesta es no.

¿Qué país indulta a condenados por atentar desde Cataluña contra su integridad constitucional mientras fomenta el destierro de alguien que, además de ser inocente mientras no se demuestre lo contrario, tanto ha hecho por su progreso democrático? ¿Son peores los indicios de sus abusos fiscales que las certezas delictivas de UGT y CCOO en los ERES de Andalucía?

Contra la Monarquía Parlamentaria

El limbo al que se condena anticipadamente a don Juan Carlos, un hombre de avanzada edad que ha dejado claro su deseo de volver a España, es una burda manera de mantener la presión sobre la propia Corona, en esa escalada impulsada por una parte del Gobierno y tolerada por la otra que atiende al inquietante deseo de cambiar de Régimen.

No entender esa evidencia equivale a fomentar el perverso uso de los problemas del Emérito para ahondar en ese nuevo "periodo constituyente" que fomentan los mismos que guardan para él su discurso más implacable mientras aceptan los abusos más descarnados contra España.

Por ello, solventar el estatus de don Juan Carlos, de la forma que merezca su comportamiento pero no más, es una manera también de acabar con la cuarentena con la que algunos quieren confinar al concepto de la Monarquía Parlamentaria.