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El Constitucional retrata al Gobierno: inútil en la pandemia y liberticida
Sánchez coartó ilegalmente libertades fundamentales degradó la democracia y no frenó además al virus. Con ese balance, debería dimitir o convocar Elecciones de inmediato.
Todas las decisiones políticas que adoptó el Gobierno durante la pandemia fueron inconstitucionales y tuvieron unas consecuencias gravísimas en términos sanitarios, económicos y democráticos. Ésta es la conclusión que se deriva de las resoluciones del Tribunal Constitucional que, a falta de detalles concretos, ya han trascendido.
En síntesis, el TC ha concluido que el confinamiento total, el cerrojazo al Parlamento, la falta de control al Gobierno y la célebre "cogobernanza" fueron ilegales, redujeron libertades, degradaron el Estado de Derecho y, en definitiva, no fueron democráticas.
Y además, conviene resaltarlo, no sirvieron para contener al virus, dándose una lamentable paradoja: España es de los países con más mortalidad del mundo, pese a haber padecido las restricciones más extremas. E ilegales.
El respaldo del Constitucional al Supremo, en lo relativo a la validez de las euroórdenes del juez Llarena torpedeadas por la Abogacía del Estado, y su previsible visto bueno a la prisión permanente revisable criticada por PSOE y Podemos; cierran un círculo de adversidades para Sánchez y hacen una enmienda a la totalidad de su gestión desde marzo de 2020.
Dimisión o Elecciones
En condiciones normales, todo ello debería tener unas consecuencias políticas inmediatas y muy serias: adoptar medidas inconstitucionales y, pese a ello, hundir la economía de un país como nadie en Europa, exige dimisiones y probablemente un adelanto electoral.
Por mucho menos en España se han impulsado mociones de censura, se han bloqueado investiduras y se han justificado alianzas nefandas como las que mantiene el PSOE con Podemos, Bildu o ERC. Si no pasa nada ahora, será un indicio más de lo que denunciado por el Constitucional: a la degradación institucional descrita en sus resoluciones le seguirá una impúdica indiferencia del Gobierno, cuando no un ataque al Tribunal en su escalada de acoso a la Justicia.
