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La inadmisible persecución del español en media España
Cataluña encabeza una ofensiva ilegal contra la lengua de todos, pero en otras Comunidades se multiplican medidas en la misma dirección, sin respuesta del Gobierno.
La Generalitat de Cataluña ha anunciado una nueva ofensiva contra el español: lejos de acatar el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, avalado por el Supremo, que le obliga a impartir en español el 25% de la enseñanza pública (una asignatura más, en resumen); el presidente catalán ha redoblado la insumisión con la complicidad, por inacción, del Gobierno de España.
Así, ha anunciado que profundizará en la “inmersión” con tres iniciativas desafiantes: convocará y encabezará el 16 de diciembre una cumbre social “por el catalán en la escuela”; participará el 18 de diciembre en la manifestación frente al Tribunal Superior de Justicia encabezada por el indultado Jordi Cuixart y, por último, convocará a principios de 2022 el Pacto Nacional por la Lengua.
Lejos de cumplir la sentencia, el Gobierno de Cataluña ha llamado a la insurgencia y la ha tildado de “amenaza”, mientras Moncloa mira para otro lado y su portavoz, la ministra Isabel Rodríguez, se hace la “sorda”: ayer se limitó a decir que esperaban el cumplimiento de la resolución y a sugerir, de manera incomprensible, que el Gobierno de España no tiene competencias para hacerla cumplir, algo totalmente falso.
Impropio de un país serio
Para rematar la ofensiva contra el español, el presidente de la Generalidad de Valencia, el socialista Ximo Puig, ha anunciado que el Metro valenciano dejará de estar rotulado en español y que la parada dedicada al Rey Juan Carlos I pasará a llamarse Neptuno.
El mapa autonómico contra el español, con distinta intensidad, es cada vez más amplio y coincide con la implantación de Gobiernos de corte nacionalista que no esconden su desapego a España.
Porque Cataluña, País Vasco, Navarra, Baleares o Valencia participan en una escalada contra el español muy clara; sostenida también por distintas razones y grupos políticos en Galicia, Asturias, Aragón o incluso Andalucía. Algo inconcebible en cualquier país con cualquier mínima estima por sí mismo.
