La España real se come la ficción del Gobierno para maquillar el desastre

Mientras Sánchez aprobaba este verano de una tacada su enésimo paquete de medidas económicas asistenciales e impositivas; la Ley de Memoria Democrática y el asalto definitivo al Tribunal Constitucional; Bruselas y otros organismos oficiales han venido retratando retrataba la inquietante realidad de España con unas previsiones muy preocupantes:

Que pueden resumirse en dos, síntesis de todas ellas: España cerrará 2022 con una inflación del 8.1%, superior en medio punto a la media de la zona euro y su crecimiento previsto para 2023 será solo del 2.1%, más de la mitad de lo previsto a comienzos de año.

El discurso del Gobierno ante esos datos no puede ser más desolador: en lugar de entender la magnitud de la crisis, presume de que el crecimiento es superior al de la media de la Unión Europea, ocultando el dato decisivo: la recuperación de los niveles previos a la pandemia no se logrará en España, en el mejor de los casos, hasta el segundo semestre de 2023.

España ya vive un duro invierno económico en pleno verano, pero el Gobierno se ha instalado en la playa y no reacciona

España crece más porque perdió mucho más y eso le coloca en el furgón de cola de las economías avanzadas, con el agravante de la mayor tasa de desempleo y de peor crecimiento de la deuda pública.

En ese contexto, la aprobación de un “plan de rescate” para tres meses, sustentado en los subsidios y los impuestos nuevos a la Banca y el sector energético, es insuficiente, cuando no contraproducente viendo la caída en Bolsa, que perjudica a millones de pequeños accionistas y clientes de esas empresas.

Aunque el Gobierno se compromete a evitar que las empresas repercutan en los clientes el coste del nuevo impuesto, la práctica lo hace imposible: si no consiguen trasladar el sobrecoste al usuario, lo harán a sus plantilla. Y en todo caso provocará menor crédito circulante en el caso de la banca y menos competitividad de las tarifas eléctricas.

Insostenible

Cabe recordar que nadie se ha lucrado más que el propio Gobierno con los llamados “beneficios caídos del cielo”: hasta 19.000 millones de euros extra han ingresado las arcas públicas gracias a la inflación, paralela a un empobrecimiento sin precedentes de la sociedad: entre la inflación y las subidas fiscales, el poder adquisitivo de un ciudadano se ha reducido en un año cerca de un 24%.

Con una inflación cercana al 11%; el mercado laboral en caída desde julio y una asfixiante presión fiscal en plena subida de los tipos de interés; puede decirse sin temor al error que a España le espera un duro y largo invierno, pero que el Gobierno se ha instalado en la playa y no piensa salir de esa ficción.