No se puede boicotear el español en España y que el Gobierno mire para otro lado

De manera sonrojante y negligente, pero probatoria de su sumisión, el Gobierno de España no ha sido capaz de precisar ninguna medida para impedir que la Generalidad se salte la ley y al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, e incumpla el mandato de impartir el 25% de la enseñanza catalana en español, una obviedad que no debería haber necesitado de intervención judicial.

Ante la trampa de las autoridades catalanas, que pretenden esquivar leyes y sentencias de mayor jerarquía con una ley y un decreto ley autonómicos para boicotear impunemente al español en las aulas; la respuesta del Ejecutivo ha sido un cúmulo de generalidades sin ninguna precisión.

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Ni va a recurrir a la Justicia; ni va a poner en marcha un “155 educativo” sin duda traumático pero eficaz ni va a movilizar a la Alta Inspección, por citar tres recursos al alcance de Moncloa, muy diligente en actuar capciosamente contra la Comunidad de Madrid pero muy laxa para responder a los reiterados abusos de las instituciones catalanas.

Lejos de eso, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, se ha limitado en las últimas horas a instar al cumplimiento de las sentencias, dando por hecho que se hará a pesar de los anuncios firmes de la Generalidad de que se niega a hacerlo, con órdenes precisas en los centros educativos catalanes para que ignoren el mandato judicial y apliquen la normativa regional aprobada de urgencia este mismo lunes.

Lo cierto es que el propio PSOE ha ayudado decisivamente a que se adopten ese tipo de decisiones unilaterales: excluyó al español como lengua vehicular en la LOMLOE y también como lengua de aprendizaje, con el voto del PSC, en la ley exprés de la Generalidad para esquivar las instrucciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Ataque a lo español

El nacionalismo plantea su ataque al español como una manera de preservar sus lenguas autonómicas, pero en realidad es una estrategia para borrar todo atisbo de españolidad en Cataluña y convertir una lengua que también es propia en un símbolo invasivo cuyo uso es impropio de buenos catalanes.

La dejación de funciones del Gobierno hace de España un caso único en Europa: en muchos países existen otras lenguas cooficiales o regionales, pero en ninguno se proscribe el uso, en la enseñanza y en todos los ámbitos, de la lengua nacional. Si Sánchez es capaz de sacrificar hasta el patrimonio común más esencial, es que está dispuesto a sacrificarlo todo con tal de no perder el venenoso sustento de su Presidencia.