| 09 de Febrero de 2023 Director Antonio Martín Beaumont

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Pedro Sánchez e Irene Montero
Pedro Sánchez e Irene Montero

Cultura de violación es aprobar una Ley que ayuda a los delincuentes sexuales

Las acusaciones de Irene Montero al PP son inaceptables y no sirven para tapar que quien incentiva la delincuencia sexual es su ley laxa con los agresores.

| ESdiario Editorial

 

Que Irene Montero siga siendo hoy ministra del Gobierno de España es un desdoro inaceptable para el conjunto de la sociedad que Pedro Sánchez no puede prolongar ni un día más pero probablemente lo extenderá hasta el final de la legislatura: es otro más de los indignos peajes que, como con Bildu o ERC, soporta y paga para mantenerse en su cargo.

Porque no es sostenible impulsar una Ley que, bajo el pretexto de combatir mejor los delitos sexuales, acaba auxiliando a quienes los cometen, con revisiones de condenadas hacia el pasado y con sentencias más laxas en el futuro. Y no lo es, tampoco, que ante esa evidencia se dedique a denigrar a los jueces y a esparcir la falsedad de que, si alguien sale beneficiado, es por culpa de ellos y su concepto machista de la Justicia.

 

Que de remate a eso acuse al PP de promocionar la "cultura de la violación" rebasa todas las líneas rojas y coloca a Sánchez en una tesitura sin salida: o mantiene a la ministra, y se hace cómplice de ella como lo fue ya de su Ley; o la destituye y se enfrenta a una crisis en la coalición.

Lo que estimula la cultura de la violación es aprobar y mantener una ley que minimiza los delitos y ayuda a los delincuentes

Lo que no puede es seguir como si nada pasara, ni ante el evidente perjuicio que tiene la norma para las mujeres ni, desde luego, ante el envilecimiento general que supone instalar el lenguaje de confrontación radical con el que Montero y Podemos huyen hacia adelante.

El silencio de Sánchez

Lo que estimula la "cultura de la violación" son leyes que minimizan el castigo, regalan recursos jurídicos a los delincuentes y abaratan los delitos. Y no campañas preventivas, como la de la Xunta de Galicia, que pueden gustar mucho o nada, pero ayudan a las víctimas y no a los agresores.

Aunque la polémica es burda y desasosegante, la ausencia de reacción del presidente quizá obedezca a la necesidad de tapar con ruido otro abuso intolerable: el de asaltar como sea el Tribunal Constitucional, tras derogar el delito de sedición, quizá para rematar su deriva hacia el separatismo sin obstáculos legales molestos.