Un atentado contra la democracia

El Congreso ha vivido uno de sus episodios más siniestros con la aprobación, de manera indecente, de una reforma laboral lamentable  que en pureza democrática tuvo que quedar rechazada. En una tarde de vértigo, el Gobierno se sirvió de un error, informático o humano, para conseguir un resultado que no estaba a su alcance ni representaba a la mayoría de la Cámara,.

Y es que computó como propio un voto que le era adverso, sin que al menos en términos políticos y éticos sea relevante saber la razón: fuera por una torpeza del diputado o por un error del sistema telemático, hubiera bastado con que la presidente del Congreso hubiera verificado el sentido real de ese voto para que el resultado se adaptara al sentir de la mayoría y no al interés de Pedro Sánchez.

Caos en la votación de la reforma laboral: el PP habla de “cacicada” y “pucherazo”

Pero lejos de proceder con la decencia y dignidad inherentes al cargo, Batet utilizó sus prebendas para adulterar la votación, de manera premeditada y sostenida: primero desechó el aviso del diputado; después se negó a convocar a la Mesa del Congreso; más tarde despreció la queja formal del PP y por último incumplió el reglamento de la Cámara, que obliga a verificar telefónicamente el sentido del voto para subsanar así cualquier anomalía.

Sánchez cruza la última línea roja que le quedaba, con un asalto al Congreso para imponer sus intereses a la voluntad popular

La presidenta del Congreso, en fin, se sirvió de un problema técnico para cambiar un resultado democrático por una cacicada más cercana al tongo o al pucherazo, pues es difícil denominar de otra manera a lo que pudieron ver todos los ciudadanos: a un Gobierno celebrando una victoria inmoral y probablemente ilegal que pisotea los fundamentos más elementales de la democracia.

Con este bochorno, Sánchez cruza la última línea roja que le quedaba: si hasta ahora ha menospreciado sistemáticamente al resto de poderes e instituciones, desde el Tribunal Constitucional hasta el Supremo pasando por la Audiencia Nacional o el Consejo de Transparencia; ahora además asalta una de ellas para doblegar la voluntad popular expresada en sus representantes.

Un ataque a la democracia

Que lo haya hecho para imponer una normativa laboral francamente ineficaz, cuando no contraproducente, es grave. Pero que lo haya hecho a costa de transformar el Congreso en una "oficina de apaños" del Gobierno, es escandaloso.

Urge una respuesta del Tribunal Constitucional, que en el pasado siempre amparó al denunciante en casos similares. Y urge también una denuncia ante el Supremo a Batet, por un posible delito de prevaricación cometido a plena luz del día. Pero sobre todo es perentorio defender el Estado de Derecho de un presidente sin límites que degrada la democracia a diario y pretende convertirla en su cortijo.