| 03 de Diciembre de 2021 Director Antonio Martín Beaumont

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Pedro Sánchez y Pere Aragonés en Moncloa
Pedro Sánchez y Pere Aragonés en Moncloa

Al final España va a terminar indemnizando a unos golpistas reincidentes

Además de indultarlos, todo parece dispuesto para pagarles las sanciones económicas con dinero público, otra infamia a añadir para humillar al Estado de Derecho.

| ESdiario Editorial

El Gobierno de la Generalitat se ha inventado un nuevo Fondo, con el nombre FERCAT, para avalar con dinero público las responsabilidades económicas de los hasta 34 políticos que adeudan al Estado al menos 5.6 millones de euros por delitos de malversación cometidos durante el “procés”.

Se trata de un “truco” para sortear la ilegalidad de pagar directamente esas cantidades desde la Generalitat y no cometer nuevos delitos: se avalan las cantidades ante distintas entidades bancarias, que son las que técnicamente pagarán las cantidades adeudadas por Junqueras y el resto de condenados/indultados.

En la práctica, el dinero será público porque, una vez constatado por los bancos que los responsables de los pagos no los pueden atender, se lo cobrarán a los avalistas, tal y como ocurre en cualquier operación bancaria con avales cuando el titular del crédito es insolvente.

 

La medida, que será recurrida y denunciada al menos por el PP, se suma a la escalada del propio Gobierno de España contra el Tribunal de Cuentas, al que ha presionado como a tantas otras instancias judiciales para que desista en sus acciones contra los indultados.

Aragonés se ríe de la Justicia porque Sánchez le ha invitado a hacerlo siguiendo sus propios pasos

Pedro Sánchez ha anunciado que, si el Fondo es ilegal, tendrá que recurrirlo. Unas palabras de nula credibilidad teniendo en cuenta que su Gobierno ha sido el primero en invalidar las resoluciones judiciales más importantes para auxiliar a los condenados.

Contra la separación de poderes

La pinza contra la Justicia de los Gobiernos de España y de Cataluña alcanza así un punto sin precedentes: se han anulado o se intentan anular las consecuencias penales y civiles recogidas por el Tribunal Supremo y por el Tribunal de Cuentas, desautorizados o esquivados desde poderes públicos que deberían respetarlos como nadie.

Y todo en un contexto de asalto o paralización del Poder Judicial que demuestra una deriva crítica gravísima pero fácil de resumir: nunca en la historia reciente se había registrado, con tanta claridad, una invasión de la separación de poderes como la que ahora vivimos en directo.