Otro truco del Gobierno para subir la luz a muchos para bajársela a unos pocos

Bruselas dará esta semana el visto bueno, salvo sorpresa de última hora, a la propuesta ibérica de topar el precio de gas a 50 euros, lo que provocará una reducción del recibo este mismo mes de mayo a una parte menor de los españoles y, por contra, un encarecimiento para la mayoría que tenía la llamada tarifa libre.

Por mucha grandilocuencia que el Gobierno quiera ponerle a esta medida, en la práctica supone una subida para muchos y una bajada para unos pocos, en la misma línea económica fallida que sustenta el plan de choque global aprobado hace solo unos días.

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Lo sustantivo de la política del Gobierno es que renuncia a la bajada masiva de impuestos que había anunciado Pedro Sánchez y opta por la subvención directa de los combustibles (20 céntimos por litro, 5 de ellos puestos por las petroleras) y por el intervencionismo (limitar a un 2% la subida de los alquileres o prohibir el despedido procedente para encarecerlo si se produce).

La medida con la gasolina es similar a la que aplicará con la luz: en lugar de reducir los impuestos (que suman casi un 50% del coste para el consumidor), opta por financiar desde el Estado una parte del coste, con un matiz: con los carburantes financia directamente al consumidor; con la luz lo harán los consumidores que disfrutan ahora de una tarifa menos expuesta a los vaivenes del gas.

Eso significa, básicamente, que el Estado no quiere renunciar a los ingresos fiscales (salvo a una pequeña parte por precisar en el recibo eléctrico) y prefiere aumentar peligrosamente la deuda pública y consolidar un crecimiento de la inflación.

La razón es evidente: una rebaja masiva de impuestos le obligaría a recortar gasto público y no tendría el mismo efecto político que tiene asentar la idea de que es el Gobierno quien auxilia a la población, a la que en realidad “devuelve” una mínima parte de lo que le cobra de más.

A ninguna parte

El plan tiene más de medida ocasional que de propuesta estructural: de los 16.000 millones, 10.000 son préstamos del ICO (algo sorprendente cuando hay pendientes de conceder 35.000 millones de un plan idéntico presentado en la pandemia) y los 6.000 millones restantes serán ayudas directas, bajadas fiscales modestas, bonos sociales eléctricos, planes para el transporte, la ciberseguridad y la subida del 15% del Ingreso Mínimo (cuando aún no se le paga al 60% de los beneficiarios potenciales por problemas burocráticos).

Otros planes más rimbombantes, como el de 100.000 millones anunciado al principio de la pandemia o el de 140.000 millones de los Fondos Europeos, ya han fracasado por falta de ejecución o problemas de gestión: de los 30.300 millones autorizados para 2021 y 2022, la práctica totalidad se ha destinado a la propia Administración Pública y a las grandes corporaciones. Nada a Pymes y autónomos, de los que depende el 75% del empleo. Así, en fin, no se va a ningún lado bueno.