| 21 de Mayo de 2022 Director Antonio Martín Beaumont

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Teresa Ribera
Teresa Ribera

Otro truco del Gobierno para subir la luz a muchos para bajársela a unos pocos

Europa aceptará seguramente la propuesta hispanoportuguesa, que lejos de calmar los precios para todos provocará subidas para la mayoría de los usuarios.

| ESdiario Editorial

 

Bruselas dará esta semana el visto bueno, salvo sorpresa de última hora, a la propuesta ibérica de topar el precio de gas a 50 euros, lo que provocará una reducción del recibo este mismo mes de mayo a una parte menor de los españoles y, por contra, un encarecimiento para la mayoría que tenía la llamada tarifa libre.

Por mucha grandilocuencia que el Gobierno quiera ponerle a esta medida, en la práctica supone una subida para muchos y una bajada para unos pocos, en la misma línea económica fallida que sustenta el plan de choque global aprobado hace solo unos días.

 

Lo sustantivo de la política del Gobierno es que renuncia a la bajada masiva de impuestos que había anunciado Pedro Sánchez y opta por la subvención directa de los combustibles (20 céntimos por litro, 5 de ellos puestos por las petroleras) y por el intervencionismo (limitar a un 2% la subida de los alquileres o prohibir el despedido procedente para encarecerlo si se produce).

La medida con la gasolina es similar a la que aplicará con la luz: en lugar de reducir los impuestos (que suman casi un 50% del coste para el consumidor), opta por financiar desde el Estado una parte del coste, con un matiz: con los carburantes financia directamente al consumidor; con la luz lo harán los consumidores que disfrutan ahora de una tarifa menos expuesta a los vaivenes del gas.

Eso significa, básicamente, que el Estado no quiere renunciar a los ingresos fiscales (salvo a una pequeña parte por precisar en el recibo eléctrico) y prefiere aumentar peligrosamente la deuda pública y consolidar un crecimiento de la inflación.

La razón es evidente: una rebaja masiva de impuestos le obligaría a recortar gasto público y no tendría el mismo efecto político que tiene asentar la idea de que es el Gobierno quien auxilia a la población, a la que en realidad “devuelve” una mínima parte de lo que le cobra de más.

A ninguna parte

El plan tiene más de medida ocasional que de propuesta estructural: de los 16.000 millones, 10.000 son préstamos del ICO (algo sorprendente cuando hay pendientes de conceder 35.000 millones de un plan idéntico presentado en la pandemia) y los 6.000 millones restantes serán ayudas directas, bajadas fiscales modestas, bonos sociales eléctricos, planes para el transporte, la ciberseguridad y la subida del 15% del Ingreso Mínimo (cuando aún no se le paga al 60% de los beneficiarios potenciales por problemas burocráticos).

Otros planes más rimbombantes, como el de 100.000 millones anunciado al principio de la pandemia o el de 140.000 millones de los Fondos Europeos, ya han fracasado por falta de ejecución o problemas de gestión: de los 30.300 millones autorizados para 2021 y 2022, la práctica totalidad se ha destinado a la propia Administración Pública y a las grandes corporaciones. Nada a Pymes y autónomos, de los que depende el 75% del empleo. Así, en fin, no se va a ningún lado bueno.