Quien está bajo sospecha no es el Rey: son Sánchez, su Gobierno y sus socios

Pedro Sánchez parece haber renunciado a impulsar una Ley de la Corona que nunca hizo falta y añadía tensión contra la Jefatura del Estado, y por tanto sobre la Constitución, en plena campaña contra ella de todos sus socios de Gobierno, con Podemos desatado y ERC y Bildu, entre otros, frotándose las manos.

Al presidente parece haberle pasado con el Rey lo mismo que con el Poder Judicial: no le frena el convencimiento de que sus planes son equivocados, sino el descubrimiento de que no puede imponerlos por las limitaciones constitucionales de un poder, el suyo, que tiene líneas rojas: más que no querer, todo indica que no ha podido.

No obstante, el desmentido a sus planes no puede venir de una filtración a un periódico cercano y debe ser oficial y venir acompañada de una explicación detallada. Porque fue el propio presidente quien dio pábulo a una reforma restrictiva de la Corona, en su comparecencia de balance de fin de año. Y fue su vicepresidenta Carmen Calvo quien, 48 horas antes, la anunció también en TVE.

La Corona está perfectamente definida en el Título II de la Constitución. Fue refrendada por el voto directo de más del 90% de los españoles, en el referéndum de la Constitución celebrado en 1978. Y goza de un respaldo que no tiene ni Sánchez ni ningún líder político, sumidos en un desprestigio infinitamente mayor.

Quien está bajo sospecha no es Zarzuela, sino Moncloa, que acumula resoluciones en contra e imputados en su entorno

Finalmente, la Transparencia de Zarzuela es bastante mayor que la de Moncloa: es Sánchez, y no Felipe VI, quien tiene resoluciones en contra de la Audiencia Nacional y del Consejo de Transparencia por su opacidad, bien en asuntos públicos tan graves como la gestión de la pandemia, bien en cuestiones privadas como el uso caprichoso del Falcon.

Y es Sánchez, y no el Rey, quien acumula en su entorno partidos y dirigentes imputados y condenados: desde Podemos y Pablo Iglesias hasta Otegi y Bildu o Junqueras y ERC tienen tras de sí un currículum penal incompatible con el ejercicio de cualquier responsabilidad pública. No digamos ya desde dentro del Gobierno o condicionando desde fuera hasta los Presupuestos del Estado.

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Querer reformar la Corona en plena campaña en su contra, tras haber intentado limitar al máximo la actividad de Felipe VI y haber provocado el “exilio” inhumano de don Juan Carlos, inocente mientras no se demuestre lo contrario y digno de un respeto que le han hurtado; equivale a ponerla bajo sospecha y avala los planes más siniestros de sus aliados, que ven en la Monarquía un obstáculo insalvable.

Más que renunciar a un despropósito, que nunca debió iniciar en un contexto de acoso a la Jefatura del Estado con su consentimiento por acción u omisión, Sánchez parece haberlo pospuesto. Y esa sensación no se disipará mientras gobierne intervenido por personajes y formaciones que no ocultan su objetivo contra la institución y contra España.