| 13 de Agosto de 2022 Director Antonio Martín Beaumont

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Pedro Sánchez
Pedro Sánchez

Pedro Sánchez aprueba la muerte a domicilio en plena pandemia

El Gobierno convierte el anhelo de morir sin sufrir cuando la vida ya es inviable en una ley inhumana e ideológica que extiende el "derecho" a morir sin dar alternativas decentes.

| ESdiario Editorial

Este viernes entra en vigor la Ley de Eutanasia, residual en el mundo civilizado con solo cuatro países más que la aplican. Nace sin el plácet del Comité Bioético; de la sección de discapacitados de Naciones Unidas, de la Organización Médica Colegial, del Consejo de Estado y de Poder Judicial.

Todos los organismos concernidos, desde un punto de vista ético, profesional o jurídico se han opuesto o han quedado orillados en una decisión ideológica que se aprovecha de una aspiración unánime, morir sin sufrir, para ofrecer una respuesta bien distinta: el llamado "derecho a morir", que una vez aprobado para unos casos termina extendiéndose a cualquiera con el tiempo.

 

Porque ése es el quid de la cuestión: la ciudadanía no quiere prolongar la vida de nadie entre dolores y cuando ya está el claro el fin. Y para eso es imprescindible una buena Ley de Cuidados Paliativos. Pero lo que el Gobierno ha aprobado no es eso, sino el suicidio asistido sin alternativas previas. ¿Qué sociedad equipara al enfermo terminal con el deprimido o el sufriente para ofertarle a todos, como única opción, la muerte a domicilio con un veneno?

La sociedad quiere morir sin sufrir cuando la vida es inviable: para eso bastaba con una Ley de Paliativos decente

No hay que equivocarse en esto: cuando se convierte la eutanasia en un derecho para unos casos concretos, se abre la puerta para que lo sea en todos, al convertir la voluntad personal de no vivir en un mandato para el Estado. Ha ocurrido en Holanda, con una larga tradición de años en la materia, y no se ha limitado para fases ya finalistas de la vida.

En plena pandemia

La Ley de Eutanasia nace además en medio de la pandemia que ha provocado la mayor mortalidad en España desde la guerra civil. Y lo hace sin una Ley de Cuidados Paliativos; sin un Manual de Buenas Prácticas y sin un censo de objetores de conciencia que apelen al juramento hipocrático de los médicos en defensa de sus pacientes.

Se trata, en fin, de otro capítulo de la transformación ideológica de España que encabeza un Gobierno dispuesto a convertir sus excesos políticos en palabra de ley: con la educación, con la convivencia y, ahora también, con la muerte.