| 06 de Octubre de 2022 Director Antonio Martín Beaumont

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Pedro Sánchez, en el Debate del Estado de la Nación
Pedro Sánchez, en el Debate del Estado de la Nación

La España de Sánchez: con Bildu, ruina y sin separación de poderes

El debate del Estado de la Nación deja una imagen desoladora de las prioridades, socios y decisiones de un Gobierno centrado en sobrevivir pagando la factura que haga falta.

| ESdiario Editorial

 

El Debate del Estado de la Nación ha visualizado una escandalosa ausencia de disposición al pacto económico del Gobierno, insólita con la mayor crisis económica para España desde la posguerra de 1939, pese a los intentos de la oposición por tenderle la mano para aplicar una hoja de ruta reformista a la altura de la gravedad del momento.

Y se ha prolongado con su decisión de aprobar, con el mismo espíritu sectario, una “ley exprés” para nombrar a magistrados del Tribunal Constitucional y con su voluntad de aprobar la Ley de Memoria Democrática con las enmiendas de Bildu, un acuerdo nefando que marcará de por vida a Sánchez.

 

Sobre lo primero, Sánchez ha rechazado un pacto global para el conjunto del Poder Judicial que mejore su autonomía y ahonde en la separación de poderes, dejando una pregunta en el aire muy inquietante: ¿Para qué quiere controlar a toda costa el Tribunal Constitucional?

Los precedentes con la Abogacía del Estado y la Fiscalía General no apuntan a nada nuevo. Y la indiferencia del Gobierno antes las quejas y avisos de Bruselas, del actual Consejo General, de tres de las cuatro asociaciones de magistrados y de todos los Colegios de Abogados, tampoco.

Y sobre lo segundo, Sánchez demuestra que no le importan las críticas recibidas por impulsar con Bildu una ley que, entre otras medidas, diluye la abismal diferencia entre las víctimas y los terroristas y reescribe el relato del horror.

Sánchez acepta todo y se retrata definitivamente como un político sin límites capaz de cruzar todas las líneas rojas para sobrevivir

La excusa esgrimida por Sánchez, que apeló a la necesidad de condenar la Dictadura, es falsa: el 20 de noviembre de 2002, el Congreso ya aprobó por unanimidad y con el apoyo del PP una condena expresa del franquismo y el reconocimiento y restitución de todas las víctimas de la represión.

La nueva ley, en realidad, coincide con las pretensiones expresadas por Arnaldo Otegi en público para, a cambio, apoyar al Gobierno de Sánchez: liberar a los presos de ETA, a pesar de que sus crímenes son formalmente de lesa humanidad por resolución del Parlamento Europeo, que también ha exigido la resolución de 379 asesinatos sin aclarar.

Que Sánchez acepte todo ello le retrata definitivamente como un político sin límites capaz de cruzar todas las líneas rojas para sobrevivir. Incluso las relativas, nada menos, al terrorismo etarra.