| 15 de Septiembre de 2021 Director Antonio Martín Beaumont

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Pedro Sánchez
Pedro Sánchez

Sánchez confinó y hundió a España ilegalmente: debe convocar Elecciones ya

El Tribunal Constitucional ha declarado ilegal el estado de alarma: en cualquier país democrático, esa resolución comporta la dimisión del presidente y la convocatoria a las urnas.

| ESdiario Editorial

 

El Tribunal Constitucional ha declarado ilegal el estado de alarma inicial del Gobierno, aquel que a mediados de marzo confinó a toda España en sus casas, cerró la práctica totalidad de la actividad económica y sacrificó la economía nacional para años a cambio de intentar frenar la pandemia.

La resolución, aprobada por seis votos frente a cinco y sin bloques ideológicos de por medio, no discute tanto lo que se hizo como la forma de hacerlo: lo adecuado hubiera sido declarar un estado de excepción, pero Sánchez optó por el de alarma por razones desconocidas. ¿Quizá por la reminiscencia "franquista" del término?

Es imposible saber la razón, pero no resulta osado pensar que se optó por esa fórmula a sabiendas de su posible inconstitucionalidad, ahora perfectamente explicada por el Alto Tribunal en un fallo con no pocas consecuencias de gran calado.

 

Unas de carácter económico, pues abre la posibilidad a las demandas masivas al Estado de quienes vieron frenada su actividad comercial, industrial o empresarial sin ninguna compensación y, ahora se ve, de manera ilegal. Las indemnizaciones pueden ser millonarias, aunque esa incógnita deberá despejarse, pues el fallo no parece avalarlas y opta por considerarlas un efecto secundario legítimo.

Otras son políticas, pues el repudio a los excesos legales del Gobierno sienta un precedente que ojalá se active en otros frentes: por ejemplo con la nueva Ley de Seguridad Nacional, un engendro liberticida que concede al presidente poderes casi absolutos si declara, unilateralmente y sin pasar por el Congreso, el estado de crisis.

No todo vale

El más que justificado recurso del PP anunciado contra este abuso tiene ahora, sin duda, más opciones de prosperar: el Constitucional ha demostrado que no todo vale para alcanzar un fin teóricamente necesario. Porque sin el respeto a los procedimientos, una democracia se devalúa o incluso deja de serlo.

Ojalá el Constitucional frente también la Ley de Seguridad Nacional de Sánchez, un peligroso liberticidio ya en marcha

Finalmente, también tiene una resaca institucional. O debería tenerla. En cualquier democracia europea, un varapalo de estas características a una medida presidencial que afectó a toda la población y hundió para años al país; obligaría al presidente a dimitir o cuando menos a convocar Elecciones Generales.

No lo hará Sánchez, que ha tenido la desfachatez, además, de contradecir al Constitucional y de mezclar la respuesta judicial con su gestión sanitaria para concluir que, diga lo que diga el Tribunal, gracias a él se salvaron 450.000 vidas

La negligencia de Sánchez

No solo es criticable su argumento de que todo está justificado, incluso acabar con la libertad, para garantizar la seguridad. Es que además es falso: el estado de alarma no se decretó para frenar el contagio masivo antes de que se extendiera; sino para intentar sofocarlo cuando ya se había extendido.

 

Y se extendió, cabe recordarlo, porque el Gobierno forzó al máximo los plazos de actuación para no verse obligado a suspender el 8M, objeto de un pulso político entre el PSOE y Podemos que aun en estos días se ha cobrado la cabeza de Carmen Calvo. Y como no quiso aplazarlo, no pudo anular también decenas de eventos de masas letales a efectos de contagio.

Las vidas salvadas por Sánchez son otra falacia más de un presidente que ni siquiera ha reconocido a las víctimas reales de la pandemia, que colocan a España entre los cinco países del mundo con mayor mortalidad. Las muertes de más que provocó la demora, pese a las cuatro decenas de advertencias internacionales desoídas, sí están perfectamente documentadas.