| 06 de Julio de 2022 Director Antonio Martín Beaumont

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Raquel Sánchez, ministra de Agenda Urbana
Raquel Sánchez, ministra de Agenda Urbana

El Gobierno invade la propiedad privada con la Ley de Vivienda

Aunque la nueva Ley vaya a tener un recorrido escaso, sienta un precedente inquietante que hay que denunciar: no existe democracia donde no se respeta la propiedad privada.

| ESdiario Editorial

 

El Consejo de Ministros ha aprobado formalmente el polémico proyecto de Ley "Por el Derecho a la Vivienda", con la rimbombancia habitual de sus propuestas, de escaso recorrido práctico pero enorme despliegue publicitario.

En este caso, el alcance de la nueva normativa será escaso o incluso contraproducente: la limitación de los precios de alquiler queda en realidad en manos de las Comunidades Autónomas, que deberán pedirle al Gobierno la declaración de “zona tensionada” para poder fijar las tarifas máximas a los arrendatarios.

 

Una vez hecho eso, la ley tendría dos efectos: para los grandes propietarios de más de diez inmuebles, se congelarían los precios en el caso de los contratos vigentes y se fijaría un tope, con un complejo índice elaborado por el Ministerio de Agenda Urbana del que no hay aún noticias.

Pero también afectará a los pequeños propietarios, obligados a congelar los precios con la única revalorización del IPC, en el caso de los contratos vigentes, y a subirlos un máximo del 10% para los contratos nuevos. 

Lo inquietante de esta ley no es su efecto: son sus intenciones y el precedente invasivo que marca. Si la propiedad privada no se respeta, la democracia pierde uno de sus valores

Todo ello hará casi imposible que la ley entre en vigor antes de 2024. Y probablemente no funcione nunca en aquellas Comunidades que no reclamen la declaración de zona tensionada, como ya han anticipado, con razón, todas las regiones gobernadas por el PP.

Su herencia, más que práctica, es política: instala el concepto de la injerencia gubernamental en la propiedad privada; rebaja la seguridad jurídica de propietarios y promotores inmobiliarios y carga en los ciudadanos y empresas responsabilidades de la Administración Pública.

Un precedente peligroso

Todo ello lo ha señalado el Consejo General del Poder Judicial en un informe despreciado por el Gobierno, lo que añade al despropósito y la ineficacia de la Ley un problema grave añadido: Sánchez es capaz de legislar, sin problema, en contra de derechos y libertades constitucionales y pese a las advertencias que le hacen en ese sentido otros poderes del Estado.

Lo inquietante de esta ley no es su efecto: son sus intenciones y el precedente invasivo que marca. Si la propiedad privada no se respeta, en cualquiera de sus modalidades, la democracia pierde uno de sus valores más definitorios: no existe país en el mundo donde, si se pervierte ese precepto, prevalezca un Estado de Derecho digno de tal nombre.