Pedro Sánchez debe destituir a Garzón, un ministro que daña a España

Alberto Garzón no puede representar ni un minuto más a España, tras sus vergonzosas declaraciones en un prestigioso diario inglés que han puesto bajo sospecha a todo el sector agroalimentario nacional, si no a la imagen internacional del país en su conjunto.

Da igual que el ministro de Consumo se refería a un tipo de explotación ganadera o a otro, como ha alegado torpemente: ninguna de ellas se merece el desprecio de un cargo público, que eleva sus prejuicios personales a categoría política y, a continuación, los proyecta mundialmente.

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Los matices de Garzón son inaceptables, pues, y desde luego no dan para justificar su permanencia en el cargo: la ganadería española da empleo directo o indirecto a más de dos millones de personas; cumple todos los parámetros nacionales y europeos de seguridad alimentaria y, además, contribuye a revitalizar zonas despobladas y a consolidar la buena imagen nacional en términos de gastronomía, hostelería y en consecuencia turismo.

Lo dicho por Garzón no solo es una opinión abusiva; también puede ser objeto de acciones legales por el daño provocado a España

¿Cómo se puede acusar al sector de maltratar animales y de exportar carnes de mala calidad? ¿Qué pruebas, datos y sanciones soportan una criminalización tan clara, pública y grave?  Lo dicho por Garzón no es solo un exceso verbal; puede ser también causa de acciones legales, más que merecidas, que el sector ya baraja emprender contra él por el perjuicio evidente causado.

La culpa es de Sánchez

Pero Garzón no sería nadie si alguien no lo hubiera nombrado y lo mantuviera tras otro de sus excesos, tan frívolos como sectarios, que además anulan la posibilidad de mantener debates rigurosos y moderados sobre problemas y causas que efectivamente existen, como la obesidad infantil, el deterioro de la alimentación o hasta el sexismo en los juguetes.

Lo grave no es, en fin, que Garzón piense así, sino que lo haga en nombre de España por decisión de Pedro Sánchez: es al presidente del Gobierno, y no al dañino ministro de Consumo, a quien hay que exigirle cuentas por un ataque vergonzoso, falsario y perjudicial que no se hace a título personal mientras se mantenga en un cargo público que denigra con sus excesos.