Ni Madrid puede ser cerrada sin más por Sánchez ni Ayuso puede obviar la alarma

El BOE publicará hoy la orden del Ministerio de Sanidad que prevé el confinamiento regional y municipal de aquellas Comunidades y municipios de más de 100.000 habitantes que superen tres requisitos: más de 500 contagios por cada 100.000 habitantes; un 10% de PCR positivos y una ocupación de las UCIS superior al 35%.

En la práctica, esto supondría cerrar la Comunidad de Madrid al resto de España y, a la vez, a los grandes municipios madrileños, con la capital en primer lugar, del resto de las ciudades. Que es el gran objetivo político del Gobierno de Sánchez, dispuesto a lo que sea para lograr la caída de Isabel Díaz Ayuso.

El Ejecutivo parece no necesitar ya declarar el Estado de Alarma que en marzo consideraba imprescindible. Y considera que una orden ministerial es suficiente, tras presentársela a las Comunidades en el Consejo Interterritorial, para que a continuación la ponga en marcha y la supervise cada Administración autonómica. Pero esto, con la legislación en la mano, es como dudoso.

Sánchez sigue más preocupado por borrar la huella de su negligencia y por asaltar Madrid que por atender la emergencia sanitaria

La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud,  no respalda de manera incontestable la capacidad de imponer medidas de este tipo por haberlas anunciado en el Consejo, al que confiere unas atribuciones limitadas: “Los  acuerdos  del  Consejo  se  plasmarán  a  través  de  recomendaciones  que  se aprobarán, en su caso, por consenso”.

Es precisamente la falta de consenso con Madrid, Galicia, Andalucía o Cataluña lo que convierte la decisión de Salvador Illa en una orden discutible que puede no ser aplicada y recurrida ante la Audiencia Nacional. Si el Consejo solo emite “recomendaciones” y si además no existe unanimidad por la resistencia de importantes Comunidades; es verosímil que decaiga.

Y poco probable que Madrid la aplique sin más, pues ya anunciado, no sin razón, que recurrirá a los tribunales para sortear la pretendida imposición de Moncloa, alegando que hay maneras de conseguir el mismo objetivo sin aplicar unas medidas tan restrictivas como poco explicadas por el Ministerio de Sanidad.

Lo importante, la salud

Más allá de la batalla política, lo importante es garantizar la salud pública. Ningún responsable político debe olvidar esto. En Francia o el Reino Unido las alarmas se activan con 100 contagios. En España discutimos si con 500 o con 1.000, pese a tener de nuevo las peores cifras del mundo.

Se puede debatir, en fin, cómo atender esa emergencia y que primen las razones sanitarias sobre las políticas. Pero no la propia existencia de una situación de pandemia desatada que exige de todos la mejor y más rápida respuesta. La de Sánchez ha sido, desde marzo, negligente, engañosa, incompetente y sectaria.

Pero por responder a ese cúmulo de desastres, que el Gobierno quiere borrar aun a costa de desatender de nuevo sus responsabilidades, no puede dejarse sin respuesta sensata la emergencia vigente: dar con la fórmula de hacer compatible ese objetivo con el mantenimiento de una economía amenazada es el difícil reto que han de encontrar los presidentes regionales, viendo que al presidente Sánchez solo le preocupa no parecer culpable.