¿Puede expulsarse a Cifuentes por una sospecha sin una conclusión de la URJC?

Es muy probable que Cristina Cifuentes deje de ser presidenta de la Comunidad de Madrid en unos días, bien porque dimita a petición de su propio partido, bien porque la sustituya Ángel Gabilondo, impulsado por una moción de censura respaldada al unísono por PSOE, Ciudadanos y Podemos.

Se trataría de un relevo tan legal como traumático que cambiaría el Gobierno de la región más pujante de España a un año de las Elecciones, con todas sus variables al alza en pleno crecimiento económico y de empleo, por un caso que nada tiene que ver ni con la gestión ni con la corrupción y que no afecta judicialmente a los protagonistas.

Para echar a un presidente, no vale la sospecha: hay que demostrar que fue un regalo y que se falseó todo con su participación

Cifuentes cerraría así, al menos de momento, una brillante carrera política, tras casi un mes sometida a un incesante escrutinio a cuento de un sospechoso Máster del que se pueden afirmar algunas cosas pero no son sostenibles todavía otras. La principal, que se esgrime como máximo argumento para justificar su relevo, no pasa del terreno de la sospecha: que le regalaron un título sin hacer nada y que ella misma falsificó el proceso cuando se destapó.

Son dos circunstancias que, de ser ciertas, desde luego reclamarían una dimisión o una censura y que nadie con sentido común podría defender ni tolerar, pues a la trampa, incompatible con el liderazgo social inherente a un cargo público, se le añadiría un posible delito de falsedad. Pero la cuestión es que nada de eso está demostrado y que la alumna Cifuentes, como cualquier otro estudiante, ha mostrado la certificación oficial expedida por la Universidad Rey Juan Carlos en la que consta la legalidad del proceso.

Si eso no es cierto, hay que demostrarlo, y una vez demostrado, hay que demostrar también que el eventual apaño es responsabilidad directa del beneficiario. Porque mientras, por dudoso que parezca todo, lo único seguro son las irregularidades cometidas por el siniestro director del Máster y la absoluta incompetencia de la propia Universidad antes, durante y después de estallar la polémica.

Las facilidades

También es una certeza que Cifuentes tuvo facilidades que otros alumnos no tuvieron para cursar esos estudios, en términos de adaptación de las exigencias lectivas a su disponibilidad: algo que puede parecer escabroso -y de hecho lo es- pero no desde luego exclusivo: por distintas razones, en este tipo de cursos es habitual adaptar las obligaciones de no pocos alumnos a su situación personal; y si algo retrata esta anomalía es el deficiente funcionamiento general de la Universidad española, volcada en matricular a estudiantes como sea con tal de mantener las ratios necesarias para mantener su dimensión y no proceder a la urgente reforma que en realidad necesita el sector.

Pero una cosa es falsear un título que no se hizo y mentir cuando se desvela todo y otra, bien distinta, obtenerlo legalmente en condiciones inusuales pero no exclusivas: si esto último es lo que ocurrió y es suficiente para acabar con un Gobierno; se fija un listón de exigencia máximo que puede ser también saludable siempre y cuando, por coherencia, se  aplique a todos.

¿Hacer un máster desde casa, con todas las facilidades, es de verdad más grave que obtener a dedo, gracias a un amigo que termina de diputado, un trabajo remunerado al que no se acude en la Universidad de Málaga, como fue el caso de Errejón? ¿Y ser colado en una promoción de vivienda oficial, para revenderla al poco tiempo con una jugosa ganancia especulativa, es de menor enjundia también, como sucedió con Espinar? ¿Y difundir un currículum hinchado, con una licenciatura de Matemáticas inexistentes, no pertenece a ese mismo ámbito antiestético?

Si Cifuentes ha mentido, nadie puede defenderla y ha de irse. Pero si no, esta operación es muy burda y la URJC debe aclara el dilema ya

Los tres casos citados pertenecen a los máximos inductores de la moción de censura, en el PSOE y en Podemos, e invalidan a los protagonistas del intento de relevo por mucho que se empeñen en encontrar diferencias: el beneficio espurio, la componenda y la mentira no tienen distintas intensidades ni pagan distintos precios en función del color político del beneficiario.

Por ambas circunstancias, echar a Cifuentes ahora tiene más de operación política que de ejercicio de higiene democrática, y sólo la constatación de que su Máster fue un regalo, de que jamás hizo un esfuerzo para lograrlo y de que además falseó la documentación podrían cambiar esa lectura. Y no se entiende que la Rey Juan Carlos no despeje el camino, hoy mismo, con urgencia: sólo tiene que aclarar una única pregunta y para ello no es necesario esperar a la intervención judicial. Por qué no lo hace es un misterio, amén de una indecencia teniendo en cuenta lo que está en juego.

Esperar a que se aclare ese dilema, por muy convencido que se esté de que aquí ha habido un apaño, no debería costarle mucho tampoco a la oposición en la Comunidad de Madrid: se reforzaría su moción de censura, al atender ya a certezas incontestables; u obligaría al PP a desplazar con oprobio a Cifuentes sin perder el Gobierno que le encomendaron los madrileños.

Ciudadanos, sin prisas

¿Por qué hay que precipitarse si en poco tiempo se pueden y deben tener respuestas a todo? Ni PSOE ni Podemos están por la labor, pues desde el primer minuto de la legislatura no han dudado en minar la gestión desde la Puerta del Sol y en intentar, sobre todo desde el partido de Iglesias, el acceso al Gobierno. Pero las prisas son menos comprensibles en Ciudadanos, un partido serio cuya actitud reformista es tan incuestionable como el rigor puesto en casos como el de Murcia en la aplicación de ese precepto fundacional, sólo mitigado a menudo en Andalucía, donde las exigencias no son tan elevadas.

Echar a Cifuentes porque presionen partidos de izquierdas y medios de comunicación es una tropelía si existe la más mínima duda al respecto de la naturaleza real de su paso por el Máster; como lo sería también mantenerse en el cargo si se certifica el  montaje en toda su extensión. Ahí tiene el partido de Albert Rivera una posición decente a explorar: acotar en plazos la investigación de la Rey Juan Carlos y decidir, en función de sus conclusiones, si debe hacer o no relevo en la Comunidad de Madrid.

Las postura del PP

Una postura que también ha de ser la del propio PP, sin duda: desalojar a Cifuentes mientras ella sostiene su inocencia y nadie puede demostrar que ella en persona es una falsificadora sería un error mayúsculo que no se justificaría ni siquiera por mantener su principal Gobierno autonómico en España. Y mantenerla, si el dictamen sobre el Máster acabara siendo adverso, también.

Aunque a la política a veces se le olvida en qué debe basar sus decisiones, hay una hoja de ruta sencilla de definir pero a veces compleja de aplicar que sin embargo sigue siendo la única presentable: buscar la verdad y hacer lo correcto, sin cálculos ni intereses que lo mediaticen todo y, entre otros efectos, abran una caja de Pandora capaz de acabar con la carrera de cualquier político a ala primera sospecha.