La política debe bajarse los sueldos y reducir ya el gasto de la Administración

Ninguno de los estragos económicos generados por la pandemia ha afectado ni a la clase política ni a la Administración Pública en su conjunto, en un contraste sangrante que se resume con un ejemplo:  cuando los diputados dejaron de acudir al Congreso durante el confinamiento, siguieron cobrando sus salarios y, en muchos casos, los variados complementos y dietas por funciones que no ejercieron  o desplazamientos que no hicieron.

En cambio, cuando a un hostelero le cierran su negocio, señalándole como responsable de contagios que las estadísticas oficiales de Sanidad desmienten luego (apenas provocan el 2.3% de las infecciones); se queda sin sustento vital, no deja de pagar tributos, carece de ayudas y pierde sus ingresos por completo.

Es un agravio abrumador que se agudizó este martes al conocerse que la propia clase política iba a beneficiarse de la subida salarial del 0.9% aplicada en toda la Administración Pública, añadida al 2% ya aprobada hace meses, antes de la pandemia. Solo el escándalo suscitado al conocerse las intenciones suspendió ese repunte, aprobado por PSOE y Podemos en la Mesa del Congreso, rechazado por PP o VOX y finalmente anulado para todos.

El contraste sangrante: el Estado moroso y derrochador frente a familias, pymes y autónomos

El penoso episodio, no obstante, reclama una reflexión sobre cómo se reparte el esfuerzo en España, quién asume los sacrificios y, por contra, quiénes quedan al margen de esos esfuerzos. En media Europa la crisis económica ha ido acompañada de una batería de reformas para reducir la "industria política", el único sector que nunca sufre los rigores de lo que ella misma provoca o se muestra incapaz de frenar.

Con 100.000 empresas cerradas y un paro camino del 20%; la reforma de la Administración es ya una urgencia

Pero en España ocurre lo contrario: se mantiene el Bienestar del Estado a toda costa; se perpetúa un gasto superfluo que todos los economistas serios sitúan en una horquilla de entre 20.000 y 45.000 millones de euros; se aumenta la presión fiscal para mantener ese despropósito y se desvencija la economía productiva o familiar para financiar ese despropósito.

El intento de subida salarial de los políticos solo es la indecente punta del iceberg de un problema mucho mayor, que con emergencia sanitaria y económica o sin ella, ya era intolerable y ahora es además insoportable. 

En España han cerrado en lo que va de año cerca de 100.000 empresas y las previsiones de superar el 20% de paro están a la orden del día. Ajustar a ese panorama a la propia Administración Pública no solo es una cuestión de decencia, que también: lo es ya de mera supervivencia. Y no hacerlo, un abuso inadmisible que la sociedad ni puede pagar ni puede ya digerir por más tiempo.