El Constitucional defiende a la sociedad de crímenes como el de Diana Quer

El Tribunal Constitucional ha avalado la ley que regula la prisión permanente revisable, aprobada por el Gobierno del PP en 2015, recurrida ese mismo año por el PSOE y repudiada por Podemos con infinita insensibilidad. Se trata del cuarto varapalo consecutivo que el Alto Tribunal da a Pedro Sánchez, en asuntos cruciales además.

Le ha enmendando en los dos estados de alarma que impuso, declarando ilegales desde el confinamiento hasta el cierre casi total del Parlamento; ha defendido la vigencia y legalidad de las euroórdenes del juez Llarena contra Puigdemont y, ahora, ratifica una ley contra la que se revolvió  la izquierda.

La prisión permanente revisable no es, como dijo el PSOE, una especie de cadena perpetua: se trata de que la sociedad no tenga la obligación de soltar a delincuentes incurables al cumplir unos años de condena; no de que se pasen la vida en la cárcel quienes han sido capaces de rehabilitarse. Nada será para siempre en nadie que haya cambiado. Pero nadie volverá a ser un peligro público suelto por una falsa concepción del derecho a la reinserción.

Sánchez recibe otro golpe del Constitucional que avala la prisión permanente

Que en seis años solo 20 personas hayan sido condenadas con esta pena da cuenta del cuidado de los tribunales en su imposición: se trata de delincuentes sexuales como El Chicle y de brutales asesinos como Bretón, capaz de matar a sangre fría a sus propios hijos.

A este Gobierno no le cuesta señalar a millones de personas por su ideología pero si salvar a la sociedad de asesinos crueles e incurables

Y hasta ellos tienen la posibilidad de redimirse, siempre y cuando muestren una rehabilitación cierta que, en determinados casos, nunca llega por mucho tiempo que pasen en prisión y mucha ayuda que reciban: en esos casos, un Estado de Derecho decente ha de saber proteger a sus ciudadanos. Así lo hacen algunas de las mejores democracias del mundo, como Francia, Italia, Alemania o el Reino Unido.

Sorprende la facilidad con que el PSOE o Podemos convierten hechos aislado lamentables en inexistentes delitos de odio masivos para estigmatizar a segmentos enteros de la sociedad por su credo, género o ideología. Y cómo, por el contrario, miran para otro lado e idealizan a delincuentes crueles como el asesino de Diana Quer, convirtiendo su merecida condena en una especie de venganza improcedente.

Dignidad para las familias

Con el fallo del Constitucional, nadie que merezca estar en la cárcel saldrá para amenazar a la sociedad entera. Pero nadie que pueda ser reinsertado, se quedará de por vida en una celda. Eso no lo ha entendido el PSOE, más comprensivo con Henri Parot que con Diana Quer, con esas gafas distorsionadas que también le llevan, en otros frentes menos tristes, a acoger a Brahim Ghali y a desterrar al Rey Juan Carlos.

Pero ahora el Constitucional le ha hecho entrar en razón: las familias de todas esas víctimas reciben un mínimo de dignidad, y la sociedad en su conjunto una protección que sin duda nunca será absoluta pero con este tipo de penas  la salva de reincidencias.