El Gobierno transforma la educación en una herramienta de ingeniería social

El Senado ha dado el visto bueno a la Ley Educativa más unilateral de la historia reciente de España, impuesta sin diálogo alguno con la oposición y la comunidad educativa, lesiva con la concertada y sectaria hasta un punto asfixiante.

La nula vocación de pacto se demuestra en el rechazo total a las 700 enmiendas presentadas. Y su intención de politizar la educación se resume en el entusiasmo del independentismo, que ve cómo el Gobierno enmienda con impúdicas nuevas concesiones las resoluciones judiciales que dictan justo lo contrario.

En lugar de atacar los problemas profundos de la educación (abandono escolar, retraso en la formación frente a Europa, sistema de selección del profesorado), la Ley Celaá genera otros nuevos al copiar la agenda ideológica del Gobierno y de sus socios e intentar meterla en los colegios como brújula formativa.

Para lograrlo, regala al nacionalismo la elección del programa lectivo y la exclusión del español en las aulas. Y al populismo le entrega la agenda de ingeniería social basada en un falso igualitarismo y una colonización ideológica que aspira a fabricar ciudadanos en serie, adaptados a la visión y los prejuicios de sus gobernantes.

La Ley Celaá es el clímax de la agenda de un Gobierno que se sirve de la pandemia para imponer su sectarismo frentista

Aprobar una ley que ataca a la concertada en plena pandemia es una muestra final de sus intenciones: lo que hacía falta es un plan de urgencia para atender a los alumnos en otro año difícil, que agravará sin duda la brecha con Europa.

Pero por lo que se apuesta es por aprovechar ese vacío para incluir en la escuela el mismo espíritu de todas las leyes del Gobierno: la de memoria histórica, la de eutanasia o las normas de libertad de información. Es decir, un canon ideológico frentista, incompatible con la pluralidad de la sociedad española y dañino para la convivencia.

Por todo ello, el Tribunal Constitucional debería pronunciarse de urgencia. Si lo ha hecho esta misma semana con las medidas autonómicas de cierre perimetral, ¿por qué no puede hacerlo con una ley que, de ponerse en marcha el próximo curso, generará unos daños estructurales estables?