25 de Febrero de 2021 Director Antonio Martín Beaumont

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Salvador Illa

La desfachatez de Illa al convertir la pandemia en su trampolín electoral

El ministro que más ha fallado renuncia ahora a gestionar la emergencia con criterios sanitarios y se limita a calcular qué le viene mejor o peor a su candidatura en Cataluña.

| ESdiario Editorial

 

Salvador Illa se ha negado en redondo a atender la petición de las Comunidades Autónomas, prácticamente unánime con la excepción de Madrid, de adelantar el toque de queda a las 20 horas o incluso a las 18h, como reclamaba Asturias. Y también a permitir confinamientos domiciliarios, algo que algunas regiones ya defienden abiertamente.

No lo ha hecho porque el decreto del estado de alarma no lo incluye y necesite una modificación respaldada por el Congreso, algo que podría intentar convocando un pleno extraordinario. Ni tampoco porque entienda, como ha dicho hasta la saciedad Isabel Díaz Ayuso, que no se puede detener la vida y cerrar sin más al pequeño comercio, gran damnificado por decisiones radicales que nunca sufren quienes las adoptan.

En su caso, Illa lo ha hecho apelando a argumentos sanitarios que, simplemente, son insostenibles y avalan las sospechas sobre los intereses espurios del ministro y la falta de escrúpulos para imponerlos a cualquier precio: solo así puede entenderse que el mismo dirigente que impuso el estado de alarma en Madrid en octubre no haga nada ahora, con las cifras de la pandemia duplicando incluso las de aquel momento.

Es inaceptable no saber si Illa toma decisiones como ministro de Sanidad o como candidato en Cataluña

La mera duda de que Illa no hace nada para no perjudicar su candidatura es inaceptable. Y se legitima por la evidencia de que, para él, no es buen cartel presentarse ante los electores catalanes tras haber impuesto restricciones, cierres y confinamientos. ¿Es capaz pues de retrasar decisiones necesarias por no perjudicarse en las urnas?

 

El contraste entre lo que hizo en Madrid y lo que no hace ahora en toda España avala esa sospecha, agravada por el historial de errores, negligencias y burdas mentiras que jalona su gestión desde el Gobierno, resumidas con una evidencia sangrante: ni siquiera ha sido capaz, casi un año después de comenzar la pandemia, de reconocer que 80.000 personas han fallecido en ella.

Poco puede esperarse de un ministro que, más que promoción en Cataluña, debería someterse a una comisión de investigación en el Congreso o a un juicio en los tribunales.