La inflación, el impuesto a los "pobres" que tampoco frena el Gobierno

Desde el ya remoto 1992 no se alcanzaba en España un IPC del 5.5% como el de este mes de octubre: el desmedido encarecimiento de los precios de la luz y de los combustibles está detrás de un fenómeno muy negativo para la economía y terrible para los ciudadanos, que ven cómo el coste de la vida se ha encarecido cuatro veces más que sus salarios.

La inflación, llamada con razón el "impuesto a los pobres" por ser la misma para rentas desiguales,  amenaza sin duda la salida de la crisis, ya endeble en España por sus problemas estructurales de paro, deuda y déficit y la prevalencia de un modelo productivo que exprime a la empresa y se sustenta en la industria política e institucional, la única que crea empleo a costa del erario.

Con la inflación disparada, elevar el gasto público y subir los impuestos es un disparate que España pagará muy caro

El Gobierno no es culpable en exclusiva de la subida del IPC, pero sí de una parte de sus efectos secundarios más letales: haber condicionado las pensiones y los sueldos públicos a ese índice aumentará el gasto público en miles de millones anuales y afectará a las revisiones salariales en general, lo que puede prolongar la inflación más allá de lo tolerable.

Los errores del Gobierno

El IPC ya encadena nueve meses de subidas, aunque con matices: la inflación subyacente (sin energía y alimento) es del 1.4%, lo que permite esperar que el problema sea transitorio cuando se controlen los precios de la luz y se estabilice la crisis de suministros que también está encareciendo los precios.

En resumen, el IPC demuestra lo inadecuado de la política económica del Gobierno, sustentada en un país imaginario sobre el que fabula en sus discursos y decisiones aunque luego no encajen en la realidad. Porque con este panorama de inflación desmedida, optar por unos Presupuestos que disparan el gasto público y "obligan" a subir los impuestos y las cotizaciones, es un disparate.