| 14 de Marzo de 2024 Director Antonio Martín Beaumont

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Ni Europa ni las eléctricas: el escandaloso precio de la luz es cosa de Sánchez

El Gobierno intenta desviar la atención cargando la responsabilidad del tarifazo en Europa, pero tiene a mano soluciones propias para acabar con este abuso.

| ESdiario Editorial

Si primero señaló a las empresas eléctricas e imponerles un “impuesto al beneficio”, el Gobierno ha intenta ahora fijar el foco en Europa para hacerla responsable del precio de la luz, pidiéndole la adopción de medidas que reduzcan el sobrecoste confiscatorio que ahora mismo tiene.

La respuesta negativa de Bruselas es razonable, como sin duda ya sabía el Gobierno antes de cursar la petición, con la única intención de desviar la atención y disimular la responsabilidad propia en el tarifazo. Que es la mayor de todos los actores y beneficiarios de este auténtico atraco al alicaído bolsillo del ciudadano y empresario medio de España.

Un gran negocio

Lo cierto es que, con la escalada de precios que hoy fijará el megavatio hora en 165 euros, el Gobierno va a recaudar este año 15.000 millones de euros: una cifra casi idéntica a las ganancias anuales conjuntas de Iberdrola, Naturgy y Endesa, las tres grandes operadoras del sector.

El Gobierno se lucra como nadie con la luz, sin riesgos, buscando falsos culpables o responsables a medias mientras engorda su cuenta corriente

Y lo cierto es que el Gobierno tiene capacidad de intervención sobre el 70% del recibo, los correspondientes a impuestos, cargas y peajes que nada tienen que ver con el consumo de energía ni con las tarifas de las eléctricas: en definitiva, el mayor recaudador con este “tarifazo” es el propio Gobierno. Y también el máximo interesado en disimular su responsabilidad y beneficio en este negocio.

 

En realidad, le bastaría con reducir el IVA al 4% y sacar del recibo y meter en los Presupuestos todos los costes que le añade: desde las primas de las renovables hasta la compensación a los sistemas eléctricos insulares, en Baleares y Canarias.

 Y afrontar la reducción de gastos que supondría la pérdida de esos ingresos o atreverse a crear un impuesto más, al margen del recibo de la luz, con el coste que ello tendría ante una sociedad extenuado por el afán recaudatorio público.

Con el sistema actual, en resumen, el Gobierno se lucra como nadie, sin riesgos ni inversiones, buscando falsos culpables o responsables a medias mientras engorda su cuenta corriente y desecha la adopción de soluciones al alcance de su mano.