Sánchez se autoindulta para pagarse otra letra de su hipoteca en Moncloa

El Tribunal Supremo se ha opuesto a la concesión de indulto a los 12 políticos condenados por sedición, malversación y desobediencia; con un contundente informe de 27 páginas que desmonta, punto por punto, las razones sugeridas por el Gobierno para pagar el precio del apoyo a la moción de censura, la investidura o los Presupuestos de Pedro Sánchez.

En síntesis, el Supremo recalca que no se cumple ninguno de los requisitos legales para obtener una medida de gracia: no hay disculpa, no hay arrepentimiento y no hay renuncia a la reincidencia. Es decir, no se reinserta a arrepentidos, sino que se les refuerza y anima a cometer de nuevo los mimos delitos.

A pesar de que a Sánchez se le amontonan los detractores de su decisión (el Supremo, la Fiscalía, posiblemente el Consejo de Estado, toda la oposición, varios presidentes de Comunidades y los expresidentes González y Aznar), no hay duda de que la aplicará: no es una concesión generosa; sino un peaje impuesto del que depende su presidencia.

¿Se puede obligar al Rey y al Supremo a firmar un indulto execrable?

La Justicia no puede parar la concesión de los indultos en un primer momento, pues es potestad del Consejo de Ministros concederlos. Pero sí puede hacerlo cuando la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo revise los recursos que sin duda va a recibir, como ya hizo en al menos cuatro ocasiones de mucha menor enjundia.

Incluso el Rey, teóricamente obligado a sancionar rutinariamente una decisión ajena, tendría un hipotético resquicio para mostrar su malestar. El apartado i) del artículo 62 del Título III de la Constitución deposita en don Felipe la potestad de "Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales”, tal y como recuerda en una Tribuna en ESdiario alguien tan cualificado como Eligio Hernández, socialista y Fiscal General del Estado en su día.

La impunidad que concede Sánchez e una invitación directa a que el independentismo vuelva a dar otro Golpe de Estado

Más allá de cuestiones jurídicas, lo grave son las consecuencias políticas: la Generalitat de Cataluña está en manos de un preso y de un fugado que, a su vez, tienen intervenida La Moncloa y exhiben sin tapujos su deseo de “venganza y revancha”.

La concesión de indultos forma parte del mismo chantaje político que Sánchez asumió al aceptar, desde 2018, vincular su llegada a La Moncloa y su permanencia en ella a partidos que le apoyaban para convertirle en rehén de sus objetivos.

Los independentistas no van a dejar de serlo por los indultos: al contrario, su impunidad es una invitación a avanzar en los mismos planes que ya les llevaron a la cárcel, ahora con menos temor a represalias judiciales. Porque Sánchez, estirando de nuevo la ley hasta intentar romperla, solo busca indultarse a sí mismo. El resto de daños, infinitamente más graves, le parecen siempre secundarios.