04 de Marzo de 2021 Director Antonio Martín Beaumont

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Irene Montero

El Ministerio de Igualdad cuesta lo mismo que la vacuna: ya está bien de atracos

El agravio entre el sufrimiento de la población española y los privilegios y derroches de la industria política no se ha frenado ni con la ruinosa pandemia: urge cambiar ese abuso.

| ESdiario Editorial

 

 

No habrá ni un español que se levante hoy pensando a ver si, con suerte, prospera la delirante "Ley Trans" que ultima el Ministerio de Igualdad, un despropósito que prevé la posibilidad de que niños de 16 años cambien de sexo sin participación de los padres ni tutela médica: les bastará con acudir al registro civil y tramitar su petición.

Sin embargo, millones de ciudadanos se despertarán con la inquietud de saber cuándo serán vacunados y en qué estado sanitario y económico llegarán a ese momento, plagado de incertidumbres por la falta de dosis: la única certeza es que en junio no estará inmunizado ese 70% de la población comprometido por Sánchez y que millones de españoles no lo estarán, probablemente, hasta 2022.

Pues bien, pese a ese abrumador contraste entre las necesidades de los españoles y la agenda de una parte del Gobierno, a lo que se han dedicado 500 millones de euros es a lo segundo, una cifra muy parecida a la invertida por el Reino Unido en crear su propia vacuna y proteger ya a más de diez millones de británicos.

Este contraste sangrante no solo es injusto, sino que además es insostenible y responde a un esquema de gasto público intolerable que ni la pandemia ha logrado frenar pero urge modificar: no es presentable el derroche público nunca, pero aún en un momento en el que cada euro cuenta en la guerra contra el virus.

Es insoportable que España no tenga dinero para lanar su propia vacuna pero sí para un Ministerio inútil y sectario

¿Cómo es posible que la vacuna española solo tenga un presupuesto de 700.000 euros en el mismo país que entrega 500 millones de euros a un Ministerio, el de Irene Montero, que en su mejor versión es inútil y en la peor y más habitual es contraproducente, sectario y delirante? ¿Cómo se van a regalar 50 millones a Íñigo Errejón para que estudie la reducción de la jornada laboral mientras tanta gente acaba en el INEM e imponen el cierre del pequeño comercio en tanto sitios sin ninguna ayuda?

El agravio es ostentoso con ejemplos así, pero hay muchos más cada día: solo en sobresueldos en la Administración del Estado, el Gobierno gastó más de 800 millones del erario público. Y mientras han cerrado 100.000 empresas y el paro afecta ya a cuatro millones de personas; no se conoce el cierre de ninguno de los miles de organismos superfluos, innecesarios y duplicados que pueblan el mapa de España.

 

La ruina y desprotección de buena parte de la población española no puede ir acompañada del despilfarro, los privilegios y el abuso de la industria política: en el mismo país no puede haber el Gobierno más amplio de Europa con las ayudas más pírricas a la hostelería o el pequeño comercio. Ni pueden acabar en el desempleo cuatro millones de ciudadanos mientras el Estado sube los salarios y aumenta las plantillas públicas.

Todo ello hunde la economía y deteriora los servicios públicos, pues nada los degrada más que empobrecer a la sociedad o apelar a ellos como mera excusa para colar una pandemia de derroche. No saber cuándo llegará la vacuna pero financiar a las creadoras de leyes tan ridículas como la de cambio de sexo en el DNI con solo pedirlo es, además de un sinsentido, un atraco legalizado a costa de necesidades básicas sin cubrir.