El Rey no necesita una ley represora, sino un Gobierno que no le quiera echar

La Corona está perfectamente regulada en el Título II de la Constitución, apoyada por una abrumadora mayoría de españoles en un referéndum que dio al sistema político vigente en España un respaldo muy superior al que, desde luego, tienen Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y todos los partidos minoritarios con los que ambos han hecho una coalición aritméticamente suficiente para gobernar pero ni para cambiar las reglas institucionales ni para sentirse representativos de mayorías sociales homogéneas.

Por todo ello sorprende, cuando no indigna, que Moncloa haya incluido en su agenda una Ley específica de la Corona que, desde la supuesta intención inocente de regular mejor su funcionamiento, en realidad alimenta la insólita campaña contra ella y la pone bajo sospecha en su conjunto.

Si de verdad se quiere proteger a la Jefatura del Estado, querida y respetada por la inmensa mayoría de los españoles por sus contribuciones y dignidad, lo que debería hacer Pedro Sánchez es defenderla de los constantes ataques que proceden de su propio Gobierno, incompatibles en realidad con la permanencia en él: mantener en el Ejecutivo a líderes que incumplen su propio mandato constitucional es una anomalía impropia de una democracia europea.

Pero lo que hace es legitimar ese desafío para, a continuación, ofrecerse como antídoto al objeto de maniatar aún más a Felipe VI, aprovechando los problemas de don Juan Carlos, más estéticos que legales: la reprobación que merezca el Emérito no es judicial, al menos hasta el momento, y no puede en ningún caso poner en tela de juicio su legado ni su sucesión.

Si alguien tiene que dar explicaciones en España es Sánchez. Por su política de alianzas. Por la pandemia sanitaria y económica que ha inflado.

Especialmente de un Gobierno que está conformado por un partido formalmente imputado, Podemos, y cercado por reiteradas sospechas y resoluciones formales del Consejo de Transparencia, entre otros organismos, por sus negligencias, ocultamientos y errores en asuntos capitales como la gestión de la pandemia.

Si alguien tiene que dar explicaciones en España es Sánchez. Por su política de alianzas. Por la pandemia sanitaria y económica que ha inflado. Por su subordinación a la agenda del populismo y del separatismo. Por sus falsedades y mentiras constantes. Por entregarse a declarados enemigos de la Constitución. Por resucitar las trincheras frente a la convivencia. Por imponer una agenda ideológica sectaria con desprecio a más de la mitad del país. Y por engañar a sus propios electores negando todo lo que finalmente ha hecho.

Defender al Rey no es una cuestión monárquica, sino la única forma de proteger el espacio de conciliación, libertades y progreso que supone el edificio institucional construido en 1978, encabezado simbólicamente por una figura regia. Siempre ha habido en España detractores de ello, pero que ahora gobiernen con la complicidad de un PSOE desconocido es gravísimo y exige una respuesta tranquila de la sociedad española.