Malversadores sin malicia, el último atropello de Sánchez

Aunque hace mucho tiempo que Pedro Sánchez dejó de sorprender con sus ocurrencias y mentiras con tal de aferrarse al poder, lo cierto es que aún deja margen para generar asombro e indignación a partes iguales. Su intención de reformar el delito de malversación para acomodarlo a los intereses de sus socios independentistas es la prueba. Y el colmo también.

Sería patético si no produjera tanta vergüenza escuchar a ministros, asesores y portavoces mediáticos tratar de armar una explicación político-jurídica que justifique esta reforma del Código de Penal, porque la opinión pública está más que avisada de que es una urgencia motivada por el independentismo catalán para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Sánchez logrará así los votos necesarios para agotar la legislatura y sus aliados y protagonistas de la asonada secesionista en Cataluña obtendrán luz verde para reincorporarse lo antes posible a la vida política.

El PSOE pagará muy caras las peligrosas cesiones de Sánchez

Claro que las consecuencias e implicaciones de esta reforma no se acaban en este acuerdo bochornoso. Aliviar las penas de los malversadores alegando que aunque emplearan el dinero de todos para fines ilícitos, si no se enriquecieron al hacerlo merecen un trato más suave, es absolutamente injustificable.

¿Es más grave que un gobernante se embolse dinero público en una cuenta abierta en un paraíso público o que los utilice para orquestar una campaña destinada a laminar las libertades y derechos de todos los ciudadanos y a subvertir el orden democrático? De acuerdo con el argumentario que a todo prisa está haciendo circular Moncloa, la respuesta está clara: hay corruptos perversos y corrupción sin malicia.

¿Es más grave que un gobernante se embolse dinero público en una cuenta abierta en un paraíso público o que los utilice para orquestar una campaña destinada a laminar las libertades y derechos de todos los ciudadanos y a subvertir el orden democrático?

Los primeros son los que roban a manos llenas de las arcas públicas sin asomo de pudicia y no cabe perdón para ellos. Los segundos pueden destinar parte del presupuesto a comprar voluntades u organizar un referéndum ilícito, pero en tal caso no hay corrupción sino una deficiente administración del dinero público.

Y ni siquiera se contempla el agravante de que en tal proceso el dirigente político corrompa las instituciones, engañe a los contribuyentes y se adueñe de un órgano de gobierno de tanta relevancia como la Generalitat catalana.

Esta rueda de molino, tallada además a la medida del beneficio de los que ya delinquieron, animándoles de paso a que repitan su algarada, va a ser imposible de tragar incluso por los propios socialistas, aunque la cobardía de barones y dirigentes regionales les impida manifestarlo en público.

Pero además dejará señalado para los restos a Pedro Sánchez como el colaborador necesario en la despenalización del peor de los males que puedan afectar a una sociedad democrática: la corrupción. Se cometa para llevárselo en el bolsillo o para perpetuarse en Andalucía o separar a Cataluña del resto de España.